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Ministerio del Medio Ambiente inicia Consulta Pública para implementar el Acuerdo de Escazú en Chile
Estará abierta para todas las personas hasta el 01 de febrero de 2024, con el objetivo de recoger opiniones y […]



Corfo se suma a los Talleres Participativos del Acuerdo de Escazú
A través de dos jornadas donde participaron funcionarios de la institución y también representantes de distintos programas productivos cuyo eje […]



Academias del sector público proponen medidas para fortalecer la democracia ambiental
· Los representantes de las áreas de formación de distintas instituciones, analizaron e identificaron acciones para que los funcionarios se […]
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Escazú
Eleva los estándares de la generación y entrega de información ambiental
Mejora el acceso a la justicia ambiental
Insta a que Chile tenga más participación pública
Protege a defensoras y defensores de Derechos Humanos en materia ambiental
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional, cuyo objetivo principal es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo también se refiere a la necesidad de generar un ambiente propicio y seguro para aquellas personas, grupos y organizaciones que defienden el medio ambiente y la importancia de aportar en la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona –tanto de las generaciones presentes como futuras- a vivir en un medioambiente sano.
El Acuerdo de Escazú surgió tras constatarse la necesidad de alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso señalados en el Principio 10 de la Declaración de Río, entendiendo que tales derechos permiten abordar eventuales conflictos socioambientales desde su inicio, contribuyendo a un proceso de toma de decisiones que goce de un robusto respaldo ciudadano, a la estabilidad y paz social, y al desarrollo sostenible.
Como lo reconoce la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), secretaría del tratado, este instrumento constituye un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, reflejando la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. El Acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al superarse las 11 ratificaciones necesarias para ello y su primera Conferencia de las Partes (COP) tuvo lugar entre el 20 y el 22 de abril de 2022 en Santiago de Chile. El país es Estado Parte del tratado desde el 11 de septiembre de 2022.
En la actualidad, 24 países lo han firmado y 15 países son Estado Parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y las Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Chile se encuentra impulsando un Plan Regional de Acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, junto a Ecuador y San Cristóbal y las Nieves que será sometido para consideración y aprobación de las Partes en la COP3 que tendrá lugar en la sede de CEPAL, Santiago de Chile . La consulta de este Plan estará disponible hasta el 14 de enero del 2024 en el siguiente link: Consulta pública del borrador del plan de acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales_CEPAL
Con el fin de avanzar en la cabal y efectiva implementación del Acuerdo de Escazú, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra desarrollando diversas acciones.
Gracias a la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se realizó un primer diagnóstico sobre el estado de cumplimiento actual de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, así como sobre el nivel de protección de las personas defensoras en asuntos ambientales con énfasis en la normativa vigente.
También gracias al apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se elaboró un mapa de actores, una propuesta de gobernanza y coordinación interinstitucional para la implementación de Escazú.
Durante el año 2023 se ha trabajado en la elaboración de un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) con el objeto de evaluar, con la significativa participación del público, las brechas, oportunidades y definir las medidas prioritarias para su incorporación plena y efectiva en Chile.
Para ello, se ha realizado un proceso participativo informado que se inició con una participación temprana y que continúa con una consulta pública, instancia que permitirá consensuar junto a todas las personas y sectores de la sociedad, un documento, que será la guía para implementar los principales derechos de acceso que garantizan la democracia ambiental en el país.
En el ámbito de fortalecimiento de capacidades, se han realizado talleres virtuales dirigidos a más de 1300 funcionarias y funcionarios de la institucionalidad ambiental, municipalidades, oficinas de participación ciudadana y ciudadanía en general para que conozcan los estándares y alcances del tratado y sepan cómo lograr su implementación a nivel nacional. Además, se han designado 23 puntos focales ministeriales que han estado definiendo medidas concretas dentro de su gestión para avanzar en materia de información, participación y acceso a la justicia ambiental.
Consulta Pública Anteproyecto Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú
Te invitamos a participar del proceso de Consulta Pública del Anteproyecto del Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE). La opinión de todas las personas es muy importante, ya que este documento permitirá definir, guiar y fortalecer la instalación de los derechos de acceso que garantiza el Acuerdo de Escazú, en materias de Información Ambiental, Participación Pública y Justicia ambiental, así como la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Contamos con tus ideas y aportes, para que implementemos juntos el Acuerdo de Escazú en nuestro país.


Taller | Fecha | Hora | Lugar | Ubicación o registro |
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Webinar de inicio | 01-12-23 | 10:00 | Nacional | Registro |
Región Arica y Parinacota | 04-12-23 | 15:00 | Arica | Salón de Eventos del Liceo Politécnico Arica, ubicado en 18 de Septiembre N°2221 |
Región de Valparaíso | 29-11-23 | 9:00 | Valparaíso | Ecuador 299. Viña del Mar |
Región del Biobío | 04-12-23 | 10:30 | Concepción | Sindicato Petrox, ubicado en Janequeo 486 |
Taller | Fecha | Hora | Lugar | Ubicación o registro |
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Pertinencia cultural Parinacota | 05-12-23 | 18:30 | Putre | Salón Sergio Dini de la Municipalidad de Putre, ubicado en José Miguel Carrera 350 |
Pertinencia cultural Biobío | 05-12-23 | 16:00 | Curanilahue | Salón Municipal, Avenida Arturo Prat 801 |
Consulta abierta desde el 27 de noviembre 2023 al 01 de febrero 2024
Plan de Implementación participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE)
El Ministerio del Medio Ambiente durante el año 2023, ha desarrollado distintas actividades que han derivado en la elaboración del Anteproyecto del Plan de Implementación participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) 2024-2030, el cual inicia su etapa de consulta pública de 45 días hábiles de duración, desde el 27 de noviembre de 2023 al 01 de febrero del 2024.
El objetivo de este proceso de consulta pública es recoger opiniones y observaciones de la ciudadanía sobre la propuesta de Plan Nacional de Implementación del Acuerdo, cuyo propósito final es fortalecer la democracia ambiental en nuestro país.
Como parte de la difusión de este proceso, se contemplan la realización de:
- Encuentros presenciales abiertos a todo público, en cada región del país
- Encuentros con pertinencia cultural
- Actividades virtuales (Webinar)
- Cabildos autoconvocados
Durante el periodo de consulta podrás informarte y entregar tu opinión en:
- La plataforma electrónica:https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/158
- Las Secretarías Regionales (SEREMIS) del Medio Ambiente de cada región del país
- Actividades presenciales desarrolladas por el Ministerio del Medio Ambiente
Para la elaboración del anteproyecto del Plan de Implementación Participativa de Escazú en nuestro país, el Ministerio del Medio Ambiente implementó un proceso de “Participación Temprana”, cuyo objetivo fue recoger la opinión, sugerencias y aportes de diversos sectores, tanto de la sociedad civil, el sector público y privado. Este trabajo se inició el 12 de junio y se extendió hasta octubre de 2023. Como resultado de este esfuerzo, se realizaron 22 actividades con participación pública de distintos actores de la sociedad, contemplando el desarrollo de mecanismos especiales para la inclusión de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como lo señala el Acuerdo de Escazú.
El proceso de Participación Temprana convocó la participación de 1251 personas, quienes expresaron sus opiniones tanto de manera presencial como virtual; a través actividades presencial, virtuales y de encuestas abiertas a todo público, así como a funcionarias y funcionarios de gobiernos municipales.
Producto de este trabajo, se recibieron 3640 opiniones, que fueron analizadas y consideradas en la propuesta de Anteproyecto de Plan para la Implementación del Acuerdo.
Queremos invitarte a que seas parte de la elaboración del Plan de Implementación participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE) ¡Participa desde las etapas iniciales del proceso!
Súmate con ideas y propuestas para garantizar la implementación plena y efectiva del Acuerdo, en materias de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
Videos
El Acuerdo de Escazú continúa implementándose en Chile para garantizar los derechos de participación, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, además de la protección para las y los defensores de DD.HH asuntos ambientales.
¿Quieres saber más sobre este proceso y cómo el Acuerdo de Escazú protegerá estos derechos humanos? Mira los videos que hemos preparado aquí.




































Este espacio tiene por objetivo recoger y promover las voces de distintas personas de nuestro país, sobre el significado y la relevancia que tiene para Chile la implementación del Acuerdo de Escazú.










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Expediente público
Documentos generales
Preguntas Frecuentes
Es un Acuerdo Regional adoptado en Escazú, Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y está abierto a los 33 países de las regiones ya mencionadas.
El objetivo del acuerdo es garantizar la ejecución efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de las aptitudes y cooperación, a favor de la protección del derecho de cada persona, tanto en generaciones presentes como futuras, para asegurar vivir en un medioambiente sano y con un desarrollo sostenible.
El período de firma de este tratado se produjo desde el 27 de septiembre de 2018, hasta el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En tanto el Acuerdo de Escazú entró en vigencia el 22 de abril de 2021.
Los países de la Región han considerado que este instrumento regional facilitará concretar acciones y desarrollar estrategias para enfrentar desafíos comunes, promoverá el diálogo, la cooperación, la asistencia técnica y la creación de capacidades, fortalecerá la aplicación de los derechos de acceso a nivel nacional; e incentivará la construcción de una agenda regional propia en materia de derechos de acceso que tenga su base conceptual en la sostenibilidad y la igualdad.
De manera general, los artículos del acuerdo incluyen un preámbulo, objetivo, definiciones, principios, ámbito de aplicación, acceso a la información ambiental, participación en toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia, fortalecimiento de capacidades y cooperación, Implementación, seguimiento y evaluación, recursos, reglas de procedimientos, marco institucional y disposiciones finales.
Este tratado es un acuerdo innovador, para la región latinoamericana y del Caribe, donde se estipulan las prioridades, las expectativas y particularidades que la región requiere. En este sentido, se abordan aspectos fundamentales en la gestión y protección ambiental desde la perspectiva regional, regulando derechos enfocados al acceso a la información, participación pública y justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Otra característica esencial es que el acuerdo entrega la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en virtud de mitigar agresiones e intimidaciones en las que se ven envueltos los defensores de esta región.
El Acuerdo Regional nace durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, donde se suscriben al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, de 1992. De manera que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de su División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos Naciones Unidas, inicia el proceso de creación de un Acuerdo Regional de carácter ambiental.
Este Acuerdo trata sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Luego de dos años de reuniones preparatorias (2012-2014) y nueve reuniones del Comité de Negociación establecido en 2014 –que contó con amplia participación ciudadana- dónde Chile y Costa Rica lideraron estas negociaciones en calidad de copresidentes, así como también por otros cinco integrantes de la Mesa Directiva (México, Perú, Argentina, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago).
A su vez, se reunieron delegados gubernamentales, representantes del público y académicos, expertos y otras partes interesadas, las cuales participaron activamente de manera colaborativa y en igualdad. Finalmente, se acoge el acuerdo el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, para posteriormente entrar en vigencia el 22 de abril de 2021.
En mayo de 2022 culminaron las discusiones en el Congreso para adherir al Acuerdo de Escazú.
Tras una transversal y amplia mayoría en el Congreso, Chile se convirtió en el 13° Estado Parte, a partir del 13 de junio de 2022 y cuya promulgación fue publicada en el Diario Oficial el 25 de octubre de 2022.
Todos y todas nos beneficiamos con el acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú busca impulsar los derechos de acceso (a la información ambiental, a la participación en asuntos ambientales y a la justicia en materia ambiental) que nos permiten garantizar el derecho humano al medio ambiente sano; un derecho que tenemos todos y todas. Por eso, el Acuerdo establece que los países miembros deben asegurar entornos seguros para el ejercicio de los derechos humanos ambientales, para que sea posible actuar sin amenazas, restricciones o inseguridad.
En línea con lo anterior, Chile y los países miembros deberán tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir las personas en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
Una de las iniciativas al respecto es la elaboración de un Protocolo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, que incluya dentro de sus consideraciones la protección de defensores de derechos humanos ambientales. Tarea que es liderada por el Ministerio de justicia.
Cada país miembro del acuerdo debe asegurar el derecho de participación del público abierta e inclusiva para procesos de toma de decisiones ambientales, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones sobre proyectos y actividades, así como también toma de decisiones de interés público como ordenamiento territorial, elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos que pudiesen tener impacto significativo sobre el medioambiente y la salud de las personas.
La participación del público debe ser desde etapas iniciales en el proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones de la ciudadanía sean debidamente consideradas y contribuyan de manera oportuna al proceso. El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que este participe en forma efectiva.