Aunque en la actualidad existen en Chile cerca de 30 millones de hectáreas terrestres y marinas en alguna categoría de área protegida, hoy se encuentran al cuidado de distintos instituciones públicas y bajo 32 modalidades de protección distinta, una dispersión que finalmente juega en contra de una protección real de estos ecosistemas.
Se trata de territorios que juegan un rol clave en la regulación climática, hídrica y atmosférica, que ayudan a controlar la erosión y generan turismo, entre muchos otros servicios ecosistémicos, los cuales han sido valorizados por estudios realizados en conjunto con el PNUD en US$2.000 millones al año.
Pese a ello, nuestro país mantiene una deuda en la adecuada protección de estos territorios, ya que en la nueva institucionalidad ambiental del país aún falta la implementación de un órgano clave en esta materia: el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP).
Tramitado sin avance durante más de dos años por la administración anterior, este gobierno se propuso como compromiso concretarlo en este período, con el objeto de completar la institucionalidad ambiental, coincidiendo con la nueva evaluación de desempeño ambiental por parte de la OCDE, que ya había advertido esta falencia.
En diciembre pasado, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general el proyecto de ley tras seis meses de tramitación, que incluyó la elaboración de un texto de referencia surgido del trabajo conjunto con parlamentarios, el mundo científico, académico y de ONG.
Cuando nuestro gobierno retomó en marzo la agenda legislativa, puso el proyecto de ley que crea el SBAP entre sus prioridades, y le dio urgencia inmediata. Así, iniciando la legislatura 2015, la sala del Senado aprobó el proyecto en general, trazando un camino legislativo para aprobar esta ley durante el año en curso.
De esta manera, una vez que sea aprobado, el SBAP será el principal órgano de conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional, y agrupará en una sola entidad la preservación de nuestros ecosistemas. Permitirá también focalizar mejor los recursos financieros y humanos, diseñar planes de manejo adecuados para todas las áreas protegidas, e implementar políticas y planes destinados a conservar la biodiversidad y nuestro patrimonio natural, de manera integral y tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Considera, además, instrumentos económicos como el Fondo de Biodiversidad para financiar proyectos de conservación, o incentivos tributarios.
Y a nivel internacional, permitirá que nuestro país implemente los compromisos internacionales adquiridos por Chile, como la Convención de Washington y el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, entre otros. Además, cumplir con la recomendación de la OCDE de tener una gran institución pública dedicada a la protección de la naturaleza, e incrementar los esfuerzos financieros para lograr el objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas significativos de Chile.
Nuestra meta es contar con un servicio a la altura de ese desafío, dotado de los recursos financieros y humanos que permitan no sólo incrementar nuestras áreas protegidas, sino también gestionar mejor las que ya existen.