Las normas ambientales en Chile anteceden la República. Ya en 1557 un reglamento de Santiago de la Nueva Extremadura, establecía una multa de 50 pesos por cada árbol cortado sin permiso, como mecanismo para evitar la reducción de los ya entonces disminuidos bosques de la ciudad-capital. De esos primeros hitos, la normativa ambiental se ha fortalecido y mutado hasta contar en 2010 con un Ministerio del Medio Ambiente, una Superintendencia del Medio Ambiente y un Servicio de Evaluación Ambiental.
Este año en Chile, la OCDE dio a conocer la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental, cuyos resultados fueron debatidos por profesionales de distintas disciplinas durante el Encuentro Avances y Desafíos Ambientales de Chile, organizado por la Universidad de Chile y el Ministerio del Medio Ambiente. El evento contó con la presencia de comunidades huilliches de Chiloé y miembros de distintas organizaciones sociales y ambientales.
El subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, realizó durante su presentación un resumen de los principales avances y desafíos entregados por OCDE a Chile. La autoridad ambiental destacó que las recomendaciones del este organismo internacional apuntan a un crecimiento verde del país, que no es un crecimiento cualquiera, porque debe ser compatible con futuros climáticos seguros.
Biodiversidad y cambio climático
“La evaluación abordó dos temas que como país queremos fortalecer: cambio climático y biodiversidad. El primero es un tremendo desafío a nivel global, que requiere la implementación de políticas públicas transversales, el segundo hace urgente continuar con el tramite final de la ampliación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, explicó Marcelo Mena.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en tanto, catalogó el encuentro como extraordinariamente valioso, pues se acopla a los mas altos objetivos académicos de la institución que dirige: “Creo en un futuro para Chile donde podamos construir y contribuir realmente con un criterio desde lo humano y del entorno. Nuestra universidad está comprometida con el medio ambiente y seremos parte de los cambios que se requieren para la sociedad que queremos”.
Por su parte la investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, Ximena Insunza, comentó que el actual proceso constituyente muestra la importancia que la temática ambiental tiene y debe tener, pues se detectó en varios niveles –en especial el ítem valores y principios, que las personas relevan este temática en sus vidas. Por otro lado, agregó la abogada, una mejora en la protección del medio ambiente necesariamente involucra replantarse como estamos hoy día determinado los estatutos jurídicos de los recursos naturales.
“La regularización que tenemos es ambivalente, porque reconoce de alguna forma el dominio público, pero no lo fortalece a tal nivel que le permita en el fondo al Estado, determinar cuál va a ser el uso, aprovechamiento, acceso, titularidad y la forma jurisdicción de los recursos naturales. Por lo tanto, a mi juicio estamos al debe y aquí, nuevamente la universidad tiene un rol que jugar”, recalcó Insunza.
Finalmente Javier Simonetti de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile señaló que los avances destacados tanto en el informe de la OCDE, así como aquello señalado en diferentes informes país sobre el estado del medio ambiente desarrollado por nuestra casa de estudios, demuestran efectivamente un compromiso político en la gestión ambiental.
“Un positivo ejemplo de ello es el esfuerzo por incluir la evaluación ambiental estratégica a los instrumentos de política y gestión, como por ejemplo la planificación de las zonas costeras. Sin embargo, pareciera que nuestra aproximación a la gestión ambiental no avanza lo suficiente para responder a las actuales presiones y para anticiparse a los cambios ambientales que nos enfrentaremos en el futuro. Esta es una mirada crítica desde nuestra universidad, tarea por cierto, ineludible de nuestro mandato académico”, acotó el especialista.