¡Participa de la Consulta Pública del anteproyecto de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa!
Transición Socioecológica Justa
La Transición Socioecológica Justa es un enfoque que promueve que los sistemas productivos transiten hacia un desarrollo sostenible y resiliente, de manera que resguarden la justicia social y ambiental en diversos territorios del país. Apunta a incrementar el bienestar de las personas, y a lograr el equilibrio entre las actividades humanas y los ecosistemas. Para ello es fundamental la promoción de principios que permitan procesos de transición socioecológica justa adecuados, como lo son la transformación productiva, el enfoque ecosistémico, el trabajo decente, la igualdad de género y los derechos humanos. Todo esto, con la finalidad de asegurar una mayor equidad y un planeta sostenible para las futuras generaciones.
La transición justa a nivel global
El concepto de “Transición Justa” no tiene una definición universal, más bien ha ido evolucionando desde los años 70’s en adelante, con distintas interpretaciones según el nivel de inclusividad, la radicalidad de los cambios que se proponen, la escala de acción y los actores involucrados. Este enfoque surge en el seno del movimiento sindical estadounidense, en el marco de campañas por el desarme nuclear y la implementación de normativas ambientales y de seguridad laboral más exigentes. El objetivo de los movimientos sindicales era brindar mejores condiciones laborales y ambientales a sus trabajadores y, en caso de cierre de industrias, que se pudieran desarrollar programas sociales y de apoyo a la reconversión laboral para desempleados.
Luego, en los años 80´s y 90´s, el concepto se masificó y comenzó a ser utilizado por organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confederación Sindical Internacional. Durante la década del 2000, el concepto comienza a discutirse entre la academia, ecologistas y sindicatos, quienes argumentaron que el éxito de la acción climática requiere de un enfoque holístico y colaborativo, centrado en las desigualdades, el empleo, la pobreza y el crecimiento económico.
Luego, el concepto comenzó a incluirse en las discusiones de las conferencias de cambio climático, reconociendo la “Transición Justa” como la forma de garantizar que los avances hacia una economía baja en carbono sean equitativos, sostenibles y legítimos a los ojos de los ciudadanos. Luego, en el preámbulo del Acuerdo de París de 2015 (COP 21), se aborda la necesidad de una reconversión justa de la fuerza laboral, así como también la importancia de crear trabajo decente y empleos de calidad, durante el proceso de transición. Es decir, en el proceso que va desde una economía intensiva en gases de efecto invernadero (GEI), hacia una economía baja en emisiones de carbono.
Desde 2018, la temática de transición justa ha seguido tratándose en las siguientes cumbres climáticas. En 2021, la COP26 de Glasgow (Inglaterra) emitió la Declaración de Transición Justa que recomienda que se informen las medidas tomadas en materia de “Transición Justa” dentro de las NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) de cada país. En 2022, la COP27 de Egipto se creó el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (UNFCCC, 2023), y en la COP28 de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), se confirmó que dicho programa será el examen de las trayectorias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Transición Socioecológica Justa en Chile
En Chile, la transición socioecológica justa como política pública tiene su origen en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que presenta los compromisos climáticos internacionales de Chile establecidos en el marco del Acuerdo de París del año 2015. En su Actualización del año 2020 y Fortalecimiento del 2022, se introduce un Pilar Social en el que la Transición Justa es uno de sus componentes. En este documento se señala que:
- La transición requiere que los sectores productivos sean innovadores y sustentables.
- La transición se debe llevar adelante asegurando el trabajo decente, la igualdad de género y la equidad territorial e intergeneracional; la resiliencia climática y la justicia social y ambiental.
- La meta de la transición es el equilibrio ecológico y el bienestar físico, mental y social de las personas.
Además, la Ley Marco de Cambio Climático publicada el año 2022 (N° 21.455), incorpora a la legislación nacional elementos de equidad y justicia climática, y otros principios asociados a la transición socioecológica justa para alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050, consistentes en instrumentos para la adaptación y componentes de justicia ambiental y solidaridad intergeneracional.
Entre las políticas públicas pioneras en la materia, se encuentra la Estrategia de Transición Justa en Energía. Esta fue publicada en 2021 en el contexto del Plan de Retiro y/o Reconversión de Unidades a Carbón, y contiene una serie de acuerdos voluntarios para el cierre de centrales termoeléctricas a carbón. Se suma también la Estrategia de Chile para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2023, que considera la transición socioecológica justa como una de las iniciativas necesarias para avanzar en distintos objetivos de la Agenda 2030, como el de Acción por el Clima (ODS 13), y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16).
A fines de 2023, el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (CITSEJ) aprobó la siguiente definición:
“Es el proceso de transformación y/o adaptación de los sistemas socioculturales hacia el equilibrio ecosistémico, bienestar de las personas y modelos productivos sostenibles, en el marco de la triple crisis por pérdida de la biodiversidad, cambio climático y contaminación, asegurando el enfoque de derechos humanos, igualdad de género y trabajo decente”.
El concepto de transición justa ha estado históricamente vinculado con la transición hacia energías bajas en emisiones y, en Chile, con el cierre de centrales de generación termoeléctrica a carbón. No obstante, existe una serie de desafíos relacionados a los impactos negativos generados por este y otros sectores productivos e industrias que deben ser abordados en distintos territorios del país, para generar una mayor protección de los ecosistemas, requerimos también mejores condiciones de bienestar para las personas y el despliegue de nuevos modelos productivos social y ambientalmente sostenibles.
El concepto “Socioecológico” pone en evidencia que los sistemas sociales y ecológicos son interdependientes unos de otros, y que, por lo tanto, si se quiere lograr una sostenibilidad en el largo plazo es necesario abordar los desafíos sociales, ecológicos y productivos en su conjunto.
En 2022 se crea el Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (CITSEJ) (D.S. 57/2022 del Ministerio del Medio Ambiente), con el objeto de asesorar al Presidente de la República en los temas referentes a la política y transformaciones institucionales que se requieren para avanzar en el proceso de Transición Socioecológica Justa. Este es un espacio de coordinación y decisión político-estratégica, de carácter intersectorial, para la articulación de los distintos procesos de transformación social, protección ambiental y de desarrollo económico, con énfasis en el trabajo decente, la igualdad de género y la resiliencia ecológica.
El CITSEJ es presidido por la Ministra del Medio Ambiente y está integrado, además, por los Ministerios de Energía, Trabajo y Previsión Social, Economía, Fomento y Turismo, Desarrollo Social y Familia, Mujer y Equidad de Género, Minería, Salud y Educación.
Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa
El Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa (CITSEJ), encomendó en el año 2023 al Ministerio del Medio Ambiente la elaboración de una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa (ENTSEJ) que entregue objetivos, principios y criterios para la aplicación del concepto a los diferentes procesos de transición que vive nuestro país. Para materializarlo, se le exige considerar las realidades nacionales y regionales, para construir un instrumento anclado territorial y políticamente.
Se trata de una política de carácter intersectorial, que establece un marco integral para las transformaciones institucionales, normativas, sociales y productivas que se requieran para cumplir con la protección del bienestar de las personas, el equilibrio ecológico y el despliegue de actividades productivas más innovadoras, sostenibles y bajas en emisiones de carbono.
En este sentido, su objetivo es promover que las transformaciones de los sistemas productivos hacia un desarrollo sostenible y resiliente, resguarden la justicia social y ambiental. Dicho instrumento será de alcance nacional y contará con directrices orientadoras para fomentar y propiciar que los cambios hacia la sustentabilidad económica y ambiental permitan alcanzar impactos positivos en los distintos territorios del país.
La propuesta fue sometida al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y fue elaborada gracias a un trabajo intersectorial, con el aporte de 18 Organismos de la Administración del Estado, las valiosas contribuciones de un panel de expertas y expertos en la materia, y los antecedentes aportados por la ciudadanía.
Actualmente, el anteproyecto de esta política se encuentra en Consulta Pública, por lo tanto, sus contenidos al término de esta etapa de participación ciudadana pueden cambiar.
Se están diseñando o implementando procesos de transición socioecológica justa en diferentes territorios, como Tocopilla y Mejillones, los cuales se suman a las comunas que cuentan con Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS): Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, cuya gobernanza para la transición socioecológica justa recae en los Consejos de Recuperación Ambiental y Social (CRAS). Lo cierto es que se requiere de una política de Estado que entregue una visión integral para reconocer cómo, dónde y cuándo es necesario impulsar o acompañar procesos de transición. Asimismo, se necesita que esta política proporcione un marco de acción intersectorial para las transformaciones institucionales, normativas, sociales y productivas que impulsan la transición hacia un desarrollo más sustentable y justo.
Esta estrategia muestra el camino por dónde se debe transitar teniendo como horizonte el año 2035, momento en que Chile debe presentar una nueva actualización de sus compromisos internacionales en mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático, expresados en una nueva Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés).
Esta política pública establecerá los objetivos y metas que se buscan alcanzar, así como también, las acciones que se requieren cumplir con ello. También identificará qué sectores e instituciones son las responsables de llevarlas a cabo, siempre velando porque se cumplan los principios de transformación productiva, trabajo decente, enfoque ecosistémico, igualdad de género y derechos humanos.
La ENTSEJ se basa en cinco principios fundamentales que deben orientar una adecuada implementación de los procesos de Transición Socioecológica Justa:
- Transformación Productiva: La estrategia impulsa que los cambios en la matriz productiva del país se orienten hacia el cumplimiento de las metas establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático, a través del desarrollo de industrias bajas en emisiones de gases efecto invernadero y de diversificación energética, que contemple el uso de energías renovables no convencionales para alcanzar mayor estándar de sostenibilidad ambiental. Lo anterior busca incorporar innovaciones en las actividades productivas, fortalecer alianzas de cooperación público-privadas, promover la generación de encadenamientos productivos que impulsen la competitividad territorial y el desarrollo local.
- Enfoque ecosistémico: La estrategia promueve la restauración y resguardo de los ecosistemas afectados por actividades productivas contaminantes, así como su planificación prospectiva y su protección. Integra el conocimiento científico y promueve que los procesos se desarrollen con visión a largo plazo en el marco de los desafíos en adaptación y resiliencia para la reducción de riesgos relacionados con el cambio climático. El enfoque ecosistémico permite un abordaje integral de problemáticas territoriales, por medio de la consideración de aspectos sociales y ecológicos en la adopción de decisiones económicas.
- Trabajo decente: La estrategia promueve que la transición hacia una economía ambientalmente sostenible contribuya al logro de los objetivos de trabajo decente para todos y todas, por medio del dialogo social, la inclusión y la erradicación de la pobreza. Este proceso debe realizarse de la manera más justa e integradora posible para las personas interesadas, y sin dejar a nadie atrás. Impulsa la generación de oportunidades para acceder a empleos que generen un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos; mejores perspectivas de desarrollo personal, libertad para que las personas expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. También promueve la igualdad de oportunidades y el buen trato para todas y todos.
- Igualdad de Género: La estrategia promueve el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad. Reconoce y aborda las inequidades estructurales asociadas al género y valora su rol en la transición, mediante mecanismos de fomento a su autonomía. En los procesos de reconversión productiva, se requieren medidas para que no aumente la violencia ni las brechas de género en lo referido a salario y ocupación, a la vez que se fomente el acceso a la información y a la capacitación.
- Derechos Humanos: La estrategia resguarda el respeto, la protección y la realización de los derechos de todas las personas. Se enmarca en los principios de universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación y rendición de cuentas, especialmente centrado en las personas y en los grupos vulnerables. Esto está acorde al principio de equidad y justicia climática contenido en la Ley Marco de Cambio Climático. Respetar este derecho es obligación del Estado y las empresas, en un marco de responsabilidad y resguardando la debida diligencia.
Se trata de directrices estratégicas que definen las prioridades y enfoques de este instrumento, cuyos lineamientos serán una guía orientadora para alcanzar los objetivos de la Estrategia al 2035.
- Reconversión laboral y empleos de calidad: Se promueve la reconversión laboral y la creación de empleos en sectores de la economía bajos en carbono. Los nuevos empleos verdes y el diálogo maximizan las oportunidades económicas y laborales de los sectores productivos y territorios en transición.
- Restauración y resguardo de los ecosistemas: La resiliencia climática de los territorios se incrementa incluyendo medidas de restauración y protección de ecosistemas, apuntando a cumplir con los objetivos y las metas establecidas por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.
- Innovación y tecnología para Modelos Productivos Sostenibles: Los territorios y comunidades mejoran su calidad de vida gracias a los beneficios sociales, ambientales y económicos de la transición.
- Equidad y bienestar de las comunidades: Nuevos modelos industriales para avanzar hacia una economía de bajo impacto socioambiental en el país.
Se consideran territorios en transición aquellas comunas que han iniciado procesos de transición socioecológica justa en el marco del Plan de Retiro y/o Reconversión de centrales termoeléctricas a carbón; territorios en los que se están implementando Programas de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), o lugares donde se están desarrollando planes de transición socioecológica justa.
Las comunas de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví-Concón y Coronel fueron priorizadas durante la primera sesión del CITSEJ, en junio de 2022. En esa instancia se acordó iniciar procesos de transición en dichas comunas, ya que albergan centrales termoeléctricas a carbón que deberán someterse a procesos de cierre y/o reconversión de sus actividades.
Actualmente, las comunas que cuentan con PRAS son Huasco (Región de Atacama), Quintero-Puchuncaví (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Biobío). Este programa que es acompañado en su implementación y seguimiento por los Consejos de Recuperación Ambiental y Social (CRAS), están integrados por representantes del sector público, privado, academia y sociedad civil.
Por otra parte, en las comunas de Tocopilla y Mejillones implementarán acciones de escala local a través de los primeros Planes de Transición Socioecológica Justa que se encuentran en ejecución y elaboración, respectivamente.
La Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa incluirá en su plan de acción urgente medidas y acciones concretas con miras al 2030, en territorios con cierre de termoeléctricas a carbón en Chile. El Plan de Acción al 2030 recoge las medidas priorizadas en los territorios en transición. En concreto, se proponen 20 medidas de carácter transversal para el conjunto de los territorios en transición ya mencionados. Además, a estas se suman 28 medidas específicas para cada uno de los cinco territorios en transición.
La elaboración de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa consta de 8 etapas que comenzaron a fines de 2023 y se extenderán durante 2025.
El Panel de Expertas y Expertos de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa es una instancia técnica de carácter consultivo, conformada por representantes de 30 organizaciones de diversos sectores del país: sector privado, sociedad civil, academia, organizaciones de trabajadores y organismos internacionales.
Su objetivo es contribuir en la entrega de antecedentes, recomendaciones o soluciones basadas en la experiencia en la elaboración de la ENTSEJ, así como también en los posibles procesos de transición que se desarrollen en diversos territorios o sectores. Este panel también realiza aportes para la formulación de metas a alcanzar al 2035 y las consecuentes acciones que les dan cumplimiento.
Este panel ha sesionado entre mayo y octubre de 2024 y ha tenido 5 sesiones de trabajo. Las contribuciones recibidas han sido fundamentales para la construcción de la ENTSEJ.
Los integrantes del Panel de Expertas y Expertos son:
- José Aylwin, coordinador de Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano
- Roxana Bórquez, académica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2)
- Ricardo Bosshard, director de WWF Chile
- Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas
- Waldo Bustamante, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)
- Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores (CONAPACH)
- Jorge Cáceres, director del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
- Macarena Álvarez, directora de Sustentabilidad de Generadoras de Chile
- Cristian Cornejo, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza
- Alejandra Cortés, investigadora de la Red de Pobreza Energética
- Alejandro Ochoa, secretario de Medio Ambiente y Transición Justa de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
- Juan José Donoso, director de Programa de The Nature Conservancy (TNC)
- Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Red Chile
- Christian Henríquez, director ejecutivo de la Fundación Manfred Max Neef
- Rodrigo Herrera, jefe Área de Pobreza y Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Eduardo Katz, experto en políticas y economía de la conservación de la naturaleza y sustentabilidad
- Sara Larraín, directora de Chile Sustentable
- Marcela Letelier, directora ejecutiva del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez
- Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación TERRAM
- Soledad Mella, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH)
- Rodrigo Morera, coordinador del Programa País de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
- Felipe Pino, coordinador de proyectos de la ONG FIMA
- Anuar Quesille, Defensor de la Niñez
- Patricia Roa, oficial de Programación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Fernanda Romero, presidenta de Así Conserva Chile A.G.
- María Teresa Ruiz-Tagle, directora ejecutiva de Líderes Empresariales por la Acción Climática (CLG Chile)
- Claudio Santander, académico del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile
- Maricel Sauterel, especialista en Transversalización de Género de ONU MUJERES
- Humberto Solar, presidente Nacional de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile (CONUPIA)
- Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de OCEANA Chile
Evaluación Ambiental Estratégica de la ENTSEJ
La construcción de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa está siendo sometida a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) (Resolución Exenta N°01646/2024 del Ministerio del Medio Ambiente), siendo el primer instrumento coordinado por el MMA que es sometido a EAE.
La Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de gestión ambiental definido como “el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales” (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300, art. 2, literal i bis) Evaluación Ambiental Estratégica).
La EAE permite la incorporación de la dimensión ambiental en los ámbitos más altos de decisión política y estratégica del Estado.
La aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica en la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa permite establecer un proceso regulado, que integra una evaluación y una visión robusta de las consideraciones ambientales a incorporar en este instrumento.
Además, permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional entre las distintas reparticiones públicas convocadas a contribuir en esta estrategia, entre ellas, los integrantes del Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.