La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en Chile se ha sido transformando sostenidamente en un gran instrumento para prevenir los efectos negativos al medio ambiente. Hay muchos ejemplos positivos de evaluación de políticas y planes, así como de instrumentos de planificación territorial, especialmente a partir del 2015 cuando se promulga el nuevo Reglamento de EAE y la “Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile”. Uno de los mayores logros, a mi juicio, tiene que ver con la generación de una plataforma inicial de gobernanza territorial, que permita articular actores y comunidad de manera de encontrar alternativas de desarrollo sustentable, bajo una mirada de largo plazo y participativa. Los mecanismos de gobernanza territorial entre el mundo público, privado y comunidad permiten evaluar de manera más transparente, equilibrada y descentralizada las políticas y planes, para ello es fundamental empoderar a las comunidades y crear nuevas formas de participación temprana especialmente en los instrumentos de planificación territorial y en las políticas y planes públicos de incidencia ambiental.
Sin embargo, hay importantes desafíos que se necesitan implementar para consolidar una institucionalidad ambiental más robusta y madura. Un ejemplo es la ausencia de una política ambiental nacional que enmarque toda la institucionalidad, normativa e instrumentos de gestión ambiental. Normalmente lo que se hace en los procesos de formulación de políticas públicas del Estado y de instrumentos asociados, es que primero se formula una política general y luego se generan los instrumentos y procedimientos específicos. En el caso chileno se hizo al revés, primero se creó la ley ambiental (Ley 19.300) en 1994, se crearon los instrumentos (Ej. SEIA) y años después se discutió una política ambiental, pero que en realidad tampoco fue una discusión tan abierta donde se haya plasmado lo que la ciudadanía y sociedad quería, sino que fue un acto más bien administrativo que impulsó la CONAMA (Comisión Nacional de Medio Ambiente) y que el año 1998 se transformó en la “Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable” del Estado, junto a una posterior Agenda Ambiental 2002-2006 que definía las principales líneas de acción ambiental.
En los gobiernos pasados se ha avanzado sustantivamente en la institucionalidad ambiental, pero no se ha impulsado una actualización de una nueva política ambiental que defina claramente las aspiraciones y visión de futuro para el país. Convocar a la formulación de esta nueva política es un gran desafío político y ético, ya que permite expresar la relación que como sociedad queremos concebir con la naturaleza, así como vamos a garantizar la justica ambiental, la equidad, el bien común y también la subsistencia de la vida en sus distintas formas. Esto plantea desafíos políticos y éticos a la hora de proponer una nueva Constitución o de enfrentar los problemas y dificultades que nos plantea la nueva era del Antropoceno y el Cambio Climático. Sin duda la EAE ofrece una gran posibilidad para justamente discutir en profundidad estos aspectos y por sobre todos definir qué modelo de gestión ambiental queremos para nuestro país. Una EAE para una nueva política ambiental sería una demostración de consistencia institucional, donde todos los actores públicos, ciudadanía, academia y privados vinculados al medio ambiente pudieran participar y expresar sus puntos de vista y llegar a un consenso que nos permita avanzar como sociedad sostenible. Es una gran oportunidad que no se debe desaprovechar.
Cristián Henríquez Ruiz
Profesor Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile
Investigador, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y Centro de Cambio Global UC.