Después de más de dos años de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la Ley de Fomento al Reciclaje, una normativa que, entre otras medidas, obliga a los productores o importadores de seis categorías «productos prioritarios», para a fomentar el reciclaje de sus bienes una vez que estos terminan su vida útil.
Estos productos son aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes, y neumáticos. Es decir, productos «inservibles» que volver a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución, explicó a El Mercurio el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
Para esto, la ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto. El próximo año, los reglamentos que establecen dichas metas serán dictados por el ministerio y el trabajo, tal como en el trámite de la ley, y se hará en una conversación cercana con los privados, quienes valoran la iniciativa.
«Esperamos de aquí a cinco años del orden de un tercio o un 30% de los residuos sólidos domiciliarios, es decir, de un poco más de dos millones de toneladas, sean productos valorizados (reaprovechados)», afirmó el secretario de Estado.
Badenier sostuvo que en este proceso, «la responsabilidad del Estado es generar la regulación y fijar anualmente las metas de recolección y de revalorización de estos residuos. Para fijar estas metas obviamente nosotros tenemos que desarrollar estudios económicos en cada uno de los productos. Ello, para tener una meta que no sea tan pequeña como para no generar el desarrollo de la industria de reciclaje, y que no sea tan alta como para que estas metas sean permanentemente incumplidas».
«Además, el Estado ha dispuesto platas en su informe financiero para que año a año exista un fondo de reciclaje y que seguramente en el inicio va a estar dirigido a campañas de educación, concientización, para que la ciudadanía tenga en sus hábitos cotidianos separar sus residuos».
«En el caso de los privados, tienen la obligación de financiar y organizar la cadena de recolección y de valorización. El proyecto de ley también genera el mecanismo para reglamentar cómo se otorgan los permisos de puntos limpios en la vía pública», detalló. Además, «la ley también genera los mecanismos para que los recolectores de base (popularmente conocidos como cartoneros), que en Chile son del orden de 60 mil personas, se puedan incorporar a esas cadenas de gestión, pero con mayor formalidad. Habrá un registro de gestores de residuo, donde los recolectores de base se van a poder inscribir y a su vez van a recibir una capacitación para el manejo de residuos», dijo el ministro.
Publicado en Emol.com