En junio pasado el Gobierno anotó un hito a nivel medioambiental con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Y ahora quiere ir por otro.
Se trata del Programa de Consumo y Producción Sustentables (PNCS), que fue aprobado la semana pasada en el último Consejo de Ministros por la Sustentabilidad (Agricultura, Hacienda, Salud, Economía, Energía, OOPP, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación), luego de dos años de trabajo por parte del Comité Interministerial de Consumo y Producción Sustentable. Este grupo está conformado por 16 entidades estatales, además de asesorarse por un Comité Consultivo especial, conformado por actores como la Sofofa, Fundación Chile, Codelco, CUT y la Federación de Empresas de Turismo.
En términos simples, se trata de un plan para permear de sustentabilidad a las políticas públicas de las distintas entidades del Estado y por añadidura, al sector privado. En este aspecto, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se transforma no sólo en una cartera que regula, hace planes y normas; sino que además propone y coordina un crecimiento sustentable en base a ciertas líneas de acción, definidas por el programa como construcción, industria, información al consumidor, sistema alimentario y turismo (ver infografía).
La inspiración de este plan está en el Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, su sigla en inglés), a partir del cual varios países han desarrollado estrategias. Además, esta materia se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 de las Naciones Unidas (ODS), que Chile se comprometió a realizar. También está en las recomendaciones para los países miembros de la OCDE. “Estamos convencidos, de que el consumo y producción sustentable también presenta alternativas de negocios”, explica el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier y agrega: “Ofrece una oportunidad para un trabajo en conjunto con el sector público, privado y sociedad civil, logrando cambios concretos en nuestros patrones de consumo y producción”.
Según Ricardo Irarrázabal, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y ex subsecretario del Medio Ambiente (Gobierno de Sebastián Piñera), el programa es una importante señal que “mejora la utilización de la información como un instrumento de gestión ambiental, tema que hay que relacionar con el artículo 46 de la Ley REP (y nuevo artículo 48 ter de la Ley 19.300)”, dice Irarrázabal.
El académico se refiere a una nueva atribución del MMA que permite la certificación, rotulación y etiquetado ambiental, todo en línea con las lógicas del llamado “crecimiento verde”.
Más de 150 iniciativas
Para entender más los objetivos del programa, un buen ejemplo de crear políticas sustentables fue la decisión de ChileCompra de lanzar el sitio www.comprassustentables.cl, donde entrega orientaciones a las entidades públicas sobre criterios sustentables en materias como la adquisición de vehículos, lámparas, papel y productos de calefacción. A su vez, influye también a los proveedores para fomentar la venta de bienes y servicios con criterios de sustentabilidad.
La idea es aumentar ese tipo de proyectos en todo ámbito. Para ello, la meta del programa es ejecutar un plan en dos etapas. Una de 2016 a 2020 y la otra de 2020 a 2025.
Ya están definidas 158 iniciativas en las diversas líneas de acción, en un documento preparado por el MMA que se hará púbico esta semana. En este se detalla cada programa, los responsables y los ámbitos específicos de acción. “Hoy el 80% de las actividades económicas del país son a través del sector privado. Por lo tanto, difícilmente el Estado por sí solo puede lograr avanzar hacia patrones de mayor consumo sustentable. En consecuencia, el sector privado debe y tiene que avanzar en un nuevo modelo de gestión de sus empresas, contemplando la variable ambiental”, comenta Badenier.
El rol privado
Para el Gobierno es clave que el sector privado se suba a este carro, como ya sucedió con la Ley REP. “Eso sí, el Gobierno debe tener presente los tres pilares de la sustentabilidad (ambiental, económico y social) y ha de tener cuidado con una lógica muy estatista y planificadora, que inhiba o limite al sector privado en temas de innovación en sustentabilidad”, agrega Ricardo Irarrrázabal.
Se conformarán grupos de trabajo por cada línea de acción, quienes tendrán la misión de priorizar las iniciativas, evaluando su factibilidad de implementación, incluyendo criterios económicos, explorar alternativas de financiamiento disponibles y/o fortalecer sinérgicas entre actores claves para lograr materializar los proyectos.
Los grupos de trabajo contarán con un “punto focal” o “embajador” del sector público y estará integrado por miembros del Comité Interministerial, Comité Consultivo y otros actores de la sociedad civil. Además, las iniciativas serán evaluadas en base a indicadores incluidos en el Informe del Estado del Medio Ambiente que elabora el MMA anualmente.
“Lo interesante es que por fin se podrán organizar y centralizar todas las iniciativas sustentables que hay en los ministerios y darles coherencia, comenta Gerardo Wijnant, miembro del Comité Consultivo de Consumo y Producción Sustentables y consultor en sostenibilidad y comercio justo de Proqualitas. El ejecutivo concluye: “No es posible trabajar de forma parcelada. La Ley REP fue un paso, pero esto es una definición más a largo plazo”.
Publicado en El Pulso