Columna de opinión de Carlos Rungruangsakorn Leiva, jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana.
El ministerio del medio ambiente no solo cumple una labor de generar normas, sino que, además, tiene una misión de transformación cultural que es clave para la protección ambiental, la adaptación y la mitigación climática. En efecto, en un marco de transición socioecológica justa, debe impulsar el desarrollo y la creación de una cultura ambiental ciudadana que permita cambiar conductas dañinas, muchas veces irreversibles, tanto para la naturaleza como para los seres humanos actuales y futuros.
En este sentido, la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, por medio de los programas e instrumentos que desarrolla, tiene como rol primordial aportar en la construcción de un cultural ambiental a escala local, espacio donde se concreta la difícil relación entre seres humanos y naturaleza, y, por cierto, donde se debe promover la democracia ambiental como principio rector que garantice un verdadero desarrollo sustentable para las comunidades que allí habitan.
Para hacer un aporte en la construcción de este camino, la División de EDUPAC, se ha propuesto avanzar en 5 grandes ejes para 2023, que serán la carta de navegación.
En primer lugar, preparar una Ley Marco de Educación Ambiental que permitirá articular y profundizar la promoción de la educación ambiental, formal y no formal, tanto a escala nacional, regional y comunal, proceso que se desarrollará haciendo partícipes a todos los actores relevantes que tengan opinión en la materia.
Una Ley de Educación Ambiental, nos permitirá enfrentar la crisis ambiental global, por medio de la formación de una sociedad con conciencia, conocimientos, actitudes y habilidades, orientada a la acción, para contribuir a la generación de una cultura ambiental para la sustentabilidad; a través de una institucionalidad que permita su implementación participativa y democrática en distintos ámbitos.
Un segundo eje de trabajo, será la preparación de un proyecto de “Ley ambiental para municipalidades”; instrumento que busca ampliar las facultades y atribuciones que tienen los municipios en materia ambiental, y que les que permita responder de mejor manera a las demandas y nuevas exigencias que las comunidades plantean a sus autoridades, sobre todo, para hacer frente de manera más expedita a los desafíos locales que presenta la crisis climática.
Otro de los desafíos que deberemos asumir, está relacionado con la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú y la profundización de la democracia ambiental. Una de las
contribuciones que realizaremos en este ámbito, será el desarrollo de instancias participativas a lo largo y ancho del país, con el fin de recoger la opinión ciudadana y difundir los alcances de este acuerdo internacional. Asimismo, desarrollaremos diversas actividades de capacitación dirigidas a la ciudadanía y a actores claves e incumbentes para nos permitan avanzar en el fortalecimiento del acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones.
El cuarto pilar estratégico será desarrollar una serie de concursos especiales y extraordinarios del Fondo de Protección Ambiental, que se financian por recursos provenientes de sanciones derivadas de daño ambiental, y que se sumarán a los concursos habituales del FPA, y que permitirán apoyar la protección, conservación o recuperación de áreas protegidas, especies nativas y humedales, y avanzar también, en estrategias locales de emergencia hídrica, entre otros. Estos recursos adicionales se estiman, aproximadamente, en $ 1150 millones.
El quinto desafío será la implementación, en conjunto con el Ministerio de Energía y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, del Sistema Estado Verde del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) que implica, generar en un ciclo de 5 años, una transformación sustantiva en la gestión ambiental de la administración pública, al incorporar 179 instituciones que deberán implementar políticas verdes en sus procesos.
No obstante, seguiremos trabajando en perfeccionar los instrumentos históricos de esta División, como son el SNCAE, SCAM, el FPA y la Participación Ciudadana, sin dejar de lado la promoción de acciones que nos permitan dar un nuevo paso en la consolidación de una cultura ambiental, que, a su vez, fortalezca la gobernanza sustentable de los territorios.