Defensoras ambientales destacan aprobación de Acuerdo de Escazú y aporte a la democracia y justicia ambiental

Este viernes se realizó en Punta Arenas un seminario sobre el Acuerdo de Escazú que coincide con la publicación en el Diario Oficial de la adhesión de Chile al tratado regional entre América Latina y el Caribe que busca mejorar la participación pública, acceso a la información y justicia en materia ambiental.

El pasado viernes 28 de octubre se realizó en el Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro, el Seminario “Acuerdo de Escazú en Magallanes: por un futuro sustentable y respetuoso de sus comunidades”, organizado por la Seremi del Medio Ambiente, Instituto Nacional de Derechos Humanos y Universidad de Magallanes. El evento contó con interprete de Lengua de Señas Chilena y vinculó a defensoras ambientales, academia y autoridades en torno al tratado más importante de América Latina y el Caribe.

La jornada comenzó con la charla magistral de Constance Nalegach Romero, impulsora y negociadora del Acuerdo de Escazú en Chile y jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. La abogada resaltó que este acuerdo fue elaborado democráticamente y tiene que ser conocido, aprendido y aprehendido por todas y todos.

Posteriormente, se conoció la visión desde la academia a cargo del docente de la Universidad de Magallanes, Alejandro Núñez y finalizó el evento con las experiencias de las defensoras ambientales, cuyos testimonios impactaron y emocionaron a los asistentes.

Leticia Caro Kogler, representante de la Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, entregó su perspectiva desde los pueblos indígenas, su experiencia en torno a la defensa del mar de la industria extractiva y abordó sus preocupaciones, respecto a la implementación del Acuerdo de Escazú para evitar que “este acuerdo se vuelva burocracia y se transforme en un impedimento más para que nuestros derechos se hagan efectivos. Debe ser fluído, amoroso, continuo y rápido para que nosotros también podamos ejercer esas garantías y dejar de tener miedo, porque sabemos que un día la industria va a pasar con todo y tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos mar”.

Por su parte, Gabriela Simonetti Grez, Defensora Ambiental de Alerta Isla Riesco, agrupación ciudadana que nace en el 2010, con el objetivo de proteger Isla Riesco ante la megaminería a cielo abierto de carbón, señaló que “pude presentar la experiencia que tuvimos como Alerta Isla Riesco en la Defensa Ambiental y como esta se vincula con Escazú y con las brechas que tenemos hasta el día de hoy en temas de información, participación, justicia y espacio seguro. Y en particular, una de las cosas que tiene este acuerdo es que como Estado empecemos a reconocer la defensa ambiental como un aporte y no como un problema para la Democracia”. Además, destacó el interés desde el Gobierno por incluir diferentes voces, “para construir un acuerdo de Escazú que responda a las demandas y realidades ciudadanas”, finalizó.

Por su parte, la Seremi del Medio Ambiente, Daniela Droguett Caro destacó que “el miércoles fue publicado en el diario oficial el artículo que incorpora el Acuerdo de Escazú en la legislación chilena. Para nuestro Gobierno Ecológico esta iniciativa es muy importante porque garantiza el acceso a la información y justicia ambiental. Hoy es primera vez que desde la institucionalidad ambiental hablamos de este acuerdo y profundizamos las acciones y experiencias de las y los defensores ambientales de nuestra región, por lo que estamos muy conformes con la convocatoria”.

Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú (AE), tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

En marzo, Presidente Gabriel Boric Font firmó el mensaje presidencial para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. La adhesión a este tratado ambiental fue aprobada por el Senado en el mes de mayo y el pasado 25 de octubre fue publicado en el Diario Oficial. Actualmente Chile deberá hacer un plan de diagnóstico e implementación participativa. Adicionalmente, se conformó una mesa para abordar medidas de prevención y protección en favor de las y los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales, cuya coordinación inicial reunió a las carteras de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

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Publicado en Región de Magallanes y Antártica Chilena.