La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, Constance Nalegach, es una reconocida impulsora y negociadora del “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, cuya segunda conferencia de las partes se realizará esta semana en Buenos Aires. Antes de partir a la capital trasandina para participar del encuentro, la destacada abogada conversó con País Circular sobre los desafíos que impone este tratado y los esfuerzos para su implementación en Chile, entre otros temas.
Mañana se inicia en Buenos Aires, Argentina, la segunda Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, al que Chile adhiere de manera plena hace siete meses, en lo que ha sido destacado como demostración del compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric con el medioambiente y los derechos humanos.
La abogada chilena Constance Nalegach Romero fue una de las principales impulsoras y negociadoras de este acuerdo regional desde el inicio de su discusión (en 2012) y es reconocida internacionalmente por su aporte en la concreción del pacto, el único a nivel mundial con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.
Nalegach ocupa actualmente la jefatura de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde donde impulsa la puesta en funcionamiento del Acuerdo de Escazú. Entre los esfuerzos que van en ese dirección, este año destaca la realización de un proceso participativo para elaborar un plan de implementación.
Este pacto regional entró en vigor hace un año (22 de abril de 2021) y es conocido con el nombre de la ciudad costarricense donde fue adoptado en 2018, Escazú, pero su nombre oficial es “Acuerdo sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Es un tratado que “tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones”, subraya Nalegach, quien formará parte de la delegación chilena en la COP 2 de Escazú, que estará encabezada por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
Durante la cita de los 15 Estados parte se revisarán diversos temas relacionados con la aplicación del pacto, y uno de los hitos será la elección de los primeros siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. De las postulaciones recibidas para integrar dicho comité, la Mesa Directiva del Acuerdo -compuesta por Uruguay, Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía- realizó una preselección de diez personas, entre las cuales se encuentra el abogado chileno-argentino Guillermo Eduardo Acuña, quien posee una amplia trayectoria en derecho ambiental a nivel nacional e internacional.
Sobre este y otros temas, como la necesidad de avanzar en la protección de las personas que defienden los derechos ambientales, conversa en esta entrevista con País Circular Constance Nalegach, quien es magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magister © en Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, de Argentina.
-Una de las primeras medidas del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia medioambiental fue la firma del Acuerdo de Escazú ¿Qué señal se entregó con esa premura? ¿Por qué era tan importante esa firma y la posterior ratificación por el Congreso? ¿Cuál es su reflexión más personal como promotora y participante de la redacción del Acuerdo?
La primera medida del gobierno del presidente Boric ante el Congreso fue enviar el proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazú y así lograr ser Estado parte. Con ello se buscó contar con una herramienta internacional para enfrentar democráticamente desafíos ambientales, tanto nacionales como internacionales. Esto, porque Escazú busca la implementación plena y efectiva de los denominados “derechos de acceso”, esto es el acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
De esta manera, el envío de este proyecto la primera semana de la actual administración demostró el compromiso con el medioambiente y los derechos humanos, con reforzar la democracia y una debida gobernanza. También es una apuesta al multilateralismo y la cooperación entre países ante los desafíos que impone la triple crisis planetaria, que no es solo de cambio climático, sino también de contaminación y de pérdida de la biodiversidad. El amplio y transversal apoyo, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, permitió que desde el 11 de septiembre de 2022 Chile sea el decimotercer Estado parte.
Es importante saber que estos derechos de acceso son derechos humanos que los Estados deben promover, respetar y garantizar, y que además este Acuerdo tiene un especial énfasis en incluir a quienes tradicionalmente no han estado en el proceso de toma de decisiones. Además, este es el único tratado del mundo con disposiciones específicas en favor de quienes defienden el medioambiente.
Para vivir en sociedades seguras necesitamos que la democracia sea fuerte, y ello incluye el canalizar pacíficamente las legítimas diferencias. En particular fortalecer la democracia ambiental permite una mejor toma de decisiones y con ello se busca lograr una mayor protección al medioambiente y, en consecuencia, de todos los derechos humanos, ya que todos ellos requieren de un entorno sano para su realización.
Es cierto que al Estado le compete la principal responsabilidad y obligación de aplicar progresivamente el Acuerdo, pero personalmente confío en el impacto positivo que Escazú puede causar en otros actores y sectores, basta sólo observar cómo cada día más es un instrumento con vida propia que ha sido debatido de buena fe, comprendido y apropiado por tantos grupos y personas.
En noviembre de 2022 se realizó en Ecuador el Primer Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, convocado en cumplimiento de una decisión de la COP 1 del Acuerdo de Escazú.
-¿Qué otras metas y desafíos tiene el gobierno en cuanto a asuntos internacionales relacionados con el medioambiente?
El Ministerio del Medio Ambiente es responsable de velar por el cumplimiento de convenciones internacionales y coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Chile participa en alianzas internacionales para proteger el 30% de la tierra y el océano al 2030 y busca soluciones conjuntas a la triple crisis planetaria.
La Oficina de Asuntos Internacionales tiene tres ejes principales: negociaciones, implementación y relaciones internacionales, enmarcados en una política exterior feminista y turquesa. Estamos presidiendo el grupo de trabajo sobre género y medioambiente del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente, así como co-facilitando el grupo sobre personas defensoras de los derechos humanos junto a Ecuador y Saint Kitts and Nevis en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú. También se realizará una tercera revisión del desempeño ambiental por parte de la OCDE y se llevarán a cabo negociaciones bajo la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París, y para un acuerdo mundial jurídicamente vinculante sobre plásticos.
-Está programado que en la COP 2 de Escazú se elija a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, ¿cuál es la relevancia de este comité?, ¿hay candidatos/as chilenos/as con opciones?
El Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento es un órgano clave dentro del Acuerdo de Escazú, que se encarga de promover su aplicación y apoyar a las partes en su implementación.
Este comité es consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, y examina cómo se están cumpliendo las disposiciones del tratado, asegurando la participación del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales. Está compuesto por siete integrantes de gran integridad moral y reconocidas competencias, que deben ser nacionales o residentes de Latinoamérica y el Caribe, e independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de dichos países.
En la próxima COP 2 de Escazú se elegirán a los integrantes del Comité, entre los cuales hay un candidato chileno, Guillermo Eduardo Acuña. De las casi cincuenta postulaciones, la lista se redujo a diez candidatos, de los cuales tres son de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Sudamérica. Se espera una distribución geográfica equitativa y la paridad de género en la conformación del Comité.
-¿Qué otros hitos o avances se pueden esperar de esta COP 2?
La COP de Escazú se celebra al menos cada dos años y su primera versión fue en Chile en 2022. En la próxima reunión en Argentina, se elegirán los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se discutirán los avances en la implementación nacional del tratado. También se presentará una guía para orientar su aplicación. Chile estará representado por el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, además de profesionales del MMA y Cancillería, y por miembros del Servicio de Evaluación Ambiental.
Otras sesiones relevantes incluyen el seguimiento de la decisión de la COP 1 [realizada en Santiago en abril de 2022] sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y el diálogo sobre arreglos financieros y contribuciones voluntarias. La transmisión en vivo estará disponible debido al gran interés público y la participación significativa del público se considera en las reglas de procedimiento de Escazú.
-En virtud de este acuerdo, ¿es posible avanzar en Chile -y en la región- hacia una protección de los defensores de los derechos ambientales (considerando las alarmantes cifras de ataques en su contra)?
El Acuerdo de Escazú es el único tratado en el mundo que garantiza la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Es entonces un deber de los Estados parte avanzar en esta materia, un imperativo moral, y además por la importante labor que realizan para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales están entre los más expuestos a sufrir violaciones de sus derechos fundamentales. El Acuerdo de Escazú destaca el trabajo que desempeñan estas personas y exige a los Estados parte que salvaguarden sus derechos y eviten violaciones, a través de obligaciones estructurales o sistémicas y de medidas de prevención y respuesta ante ataques, amenazas e intimidaciones.
En Chile se está elaborando un “Protocolo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, el Medioambiente, Comunicadores y Operadores del sistema de justicia” liderado por el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Para ello, el MMA realizó un focus group para reflexionar y dialogar sobre la situación en Chile.
Además, existe un “Circuito de Coordinación y Alerta para Personas Defensoras Ambientales” que se activará si se identifican o reciben casos de amenaza y/o vulneración. También esperamos recibir contribuciones de cómo avanzar en este tema en el proceso participativo que se realizará este año para elaborar un plan de implementación del Acuerdo de Escazú en Chile.
-¿Qué cambios se requieren en el país (normativos, legales, culturales, educacionales, etc.) para mejorar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, por ejemplo, incluyendo a las comunidades en la gobernanza del agua y en general de los bienes naturales comunes?
Ningún país está exento de desafíos ambientales ni goza de una democracia perfecta, por lo que es importante trabajar en la identificación de brechas y desafíos para lograr una implementación progresiva del tratado de acuerdo con las posibilidades y prioridades nacionales.
En el caso de Chile, la evaluación de desempeño ambiental realizada por la OCDE en 2016 destacó la insuficiente participación de los actores locales en la aplicación de planes de prevención y descontaminación del aire, y recomendó medidas para mejorar la participación en la evaluación de impacto ambiental y en la resolución de conflictos relacionados con el agua, entre otros aspectos.
Como Estado parte, Chile ha recibido asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el análisis de nuestra situación recomendándonos también aspectos para mejorar la participación pública
Chile ha trabajado en tres ejes principales desde su adhesión a Escazú: difusión y capacitación, identificación de medidas de gestión y la elaboración de un Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE). Este proceso participativo iniciará este año con el fin que contribuya a la evaluación de brechas y oportunidades y a definir las medidas prioritarias para la incorporación plena y efectiva de Escazú en Chile.
-En cuanto a acceso a la información y a acceso a la justica ambiental en Chile existen algunos avances -ley de transparencia, tribunales ambientales-, ¿cómo se pueden mejorar esos aspectos?
Aunque existen instituciones y regulaciones para el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, aún hay áreas de mejora. La evaluación de la OCDE en 2016 destacó problemas, por ejemplo, en la disponibilidad y completitud de información y en el costo de la asesoría jurídica para acceder a la justicia. Entre las recomendaciones del PNUMA figura la asistencia jurídica gratuita y atención a las necesidades de personas o grupos vulnerables. También el proceso participativo se enfocará en estos derechos esperando aporte con más ideas.
Fuente: País Circular