“La inundación por lluvias intensas tendrá un impacto sobre los colectores de evacuación de aguas y los sistemas de drenaje. Otros eventos de importancia son las tormentas cálidas, que pueden provocar desbordes de ríos, aludes e interrupción de servicios de agua potable”.
Eso es parte de lo que dice el informe “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente en diciembre pasado, que alertaba sobre la vulnerabilidad que presentan las ciudades chilenas frente los cambios que está experimentando el clima.
Es, también, lo que pasó en Atacama la semana pasada. Y de acuerdo al estudio, la frecuencia de estos episodios seguirá aumentando en los próximos años.
Aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el documento coloca a las ciudades como uno de los nueve sectores prioritarios que requieren planes de adaptación ante los nuevos patrones climáticos que se están imponiendo en Chile.
Estos se resumen en menos lluvias, pero más intensas, en la zona del país donde se concentran las principales ciudades, con una población en aumento sometida a olas de calor acentuadas por la urbanización, y que demanda más agua, en circunstancias que su disponibilidad es cada vez menor.
Advierte que como efecto del cambio climático habrá “olas de calor intenso que pueden verse acentuadas por las características de la urbanización del suelo en la ciudad”. Y que se generará una presión adicional sobre los sistemas de alcantarillado y el suministro de agua potable, así como en los sistemas que proveen energía y los servicios de transporte y salud, que deberán abastecer una demanda creciente.
Para el director ejecutivo del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, Sebastián Vicuña, nuestras urbes están preparadas para enfrentar la disponibilidad de agua de acuerdo a la realidad que tradicionalmente hemos tenido. “El problema es que el sistema está basado sobre el supuesto de un clima que no cambia”, afirma, cuando la evidencia es que está ocurriendo precisamente lo contrario.
Por ejemplo, para realizar inversiones el sistema sanitario solo considera los cambios en la demanda, pero no en la oferta del recurso. Y eso es lo que la sequía y el cambio en el régimen de precipitaciones están provocando. “Hay que invertir en redundancia para generar seguridad, pero con cautela, porque cuesta plata y alguien tiene que pagarlo”, advierte.
Laura Gallardo, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, cree que es necesario efectuar mejoras en los sistemas de transporte, energía y agua, cuyo acceso y uso ya está provocando conflictos. “Las posibilidades de solución están en las mismas ciudades, que cuentan con un enorme potencial de recursos humanos y materiales”, indica.
Acciones concretas
Pero el rol del Estado es fundamental. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, asegura que la aprobación del Plan de Adaptación al Cambio Climático asegura el respaldo estatal necesario para comenzar a implementar medidas concretas.
“Hoy solo existe un plan de adaptación para Santiago, realizado por la Universidad Católica con apoyo del gobierno regional”, afirma. Sin embargo, la cartera ya cuenta con un estudio de vulnerabilidad urbana al cambio climático para las 15 capitales regionales, que es la base para la elaboración del Plan de Adaptación Urbana al Cambio Climático, que se publicará en 2016.
“En general, este plan propondrá medidas para enfrentar los efectos de los fenómenos climáticos extremos, como el colapso de los sistemas de evacuación de aguas, daño en infraestructura y servicios de agua potable y electricidad, mayor demanda en los sistemas de salud y coordinaciones para enfrentar la emergencia”, asegura.
Según Badenier, ello permitirá ajustarnos a las nuevas condiciones del clima e incluirá gestión del riesgo frente al aumento de la intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos. “Esto requiere de estudios previos de vulnerabilidad y la participación de diversos actores, para luego elaborar los planes de adaptación sectoriales en áreas como infraestructura, salud, recursos hídricos y biodiversidad, entre otros, en coordinación con los ministerios sectoriales”, concluye.