La iniciativa fue precedida y propuesta por Chile y busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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Representantes de 24 países de América Latina y el Caribe reunidos en San José, Costa Rica, adoptaron el primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), un instrumento legal inédito para la región.
Al término de la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10, los delegados gubernamentales, junto a representantes del público y expertos de organismos internacionales, acordaron el texto final del acuerdo, que se viene negociando desde 2014, y en el cual se consagra también la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La ceremonia de clausura estuvo encabezada por Luis Guillermo Solís, Presidente de Costa Rica, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas que actúa como secretaría técnica de este acuerdo.
La iniciativa, que fue precedida y propuesta por Chile significará más más prevención de conflictos; más participación ciudadana y más democracia ambiental, ya que garantizará la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones. También aportará al fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano.
El ministro del Medio Ambiente de Chile, Marcelo Mena, tras la aprobación del acuerdo internacional, comentó que “este es un momento histórico. Estamos hoy adoptando el texto del primer instrumento ambiental de América Latina y El Caribe. Hemos trabajado de buena fe, de forma colaborativa y transparente. Establecimos un nuevo modelo de buenas prácticas en negociaciones internacionales y ya no habrá justificación para no encontrar la forma de construir acuerdos internacionales que beneficien a la ciudadanía”.
En la ceremonia participaron Edgar Gutiérrez, Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica y Alejandro Solano, Ministro subrogante de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.
El mandatario indicó que es necesario traer a las personas a las decisiones en materia ambiental, hacerlas partícipes del desarrollo, ya que “el derecho a un ambiente sano es un derecho humano”. Destacó además la relevancia jurídica del acuerdo y de la “democracia ambiental” como un nuevo término legal que implica la participación del todos en la protección del ambiente.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, agregó que este acuerdo regional, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, responden a la búsqueda de respuestas de la comunidad internacional por cambiar el actual estilo de desarrollo y “para construir sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos y se garantice la protección del planeta y sus recursos naturales”.
“El gran mérito de este acuerdo regional está en colocar a la igualdad en el centro de los derechos de acceso y, por ende, en la sostenibilidad ambiental del desarrollo”, indicó la alta funcionaria de las Naciones Unidas. “Este es un acuerdo de segunda generación que vincula el medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso, y que sin duda va a contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030”, dijo.
En el texto se señala que el acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe (33 naciones) en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020, y que estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los Estados que lo hayan firmado.