Resulta paradójico que Chile haya sido galardonado con el «Oscar del Turismo», que premia al mejor destino verde del mundo, y al mismo tiempo los guardaparques de Conaf, que administran más de 20% del territorio nacional, se encontraran en paro por las deficientes condiciones laborales y económicas en que encuentran nuestros parques nacionales. Y con mucha razón, ya que nuestro país figura en el top ten de los que menos invierte en conservación, junto a Irak o Yibuti, con una cifra que no supera los 22.500 millones de pesos.
Pero el problema de fondo no parece ser sólo un déficit financiero, que se podría solucionar incrementando sustancialmente los recursos públicos a las instituciones competentes, sino más bien una profunda fragmentación institucional que ha impedido una gestión adecuada. Tal como lo ha señalado la Contraloría General de la República en sus múltiples informes de auditoría a los servicios públicos encargados, «la ausencia de un marco regulatorio unitario y sistematizado sobre áreas protegidas y biodiversidad ha permitido una gestión desarticulada» e impedido «fomentar la sostenibilidad en el tiempo».
La clave para revertir esta paradoja y posicionar a Chile como un líder mundial en conservación, con su flamante Red de Parques de la Patagonia y 43% de mar protegido, pasaría por aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también conocida como «Ley para la Naturaleza».
Esta iniciativa permitirá dotar a Chile de un servicio dedicado 100% a la administración de las áreas protegidas y con herramientas para conservar también fuera de estas zonas. Y ya son más de 10 años de tramitación en el Congreso, además de ser uno los principales compromisos adquiridos por nuestro país ante la OCDE.
Sin embargo, para asegurar su aprobación se requiere aumentar sustancialmente su financiamiento, que hasta ahora contempla -según informe financiero- cerca de 50.000 millones anuales, que si bien duplica el presupuesto actual, debería sobrepasar los 100.000 millones para cubrir las grandes brechas financieras que existen en el sistema, como sería mejorar las condiciones laborales y económicas de los guardaparques y el estado de las áreas protegidas.
Se está desarrollando la COP del Convenio sobre Diversidad Biológica, ante la cual Chile se ha comprometido -a través de su Estrategia Nacional de Biodiversidad- a contar con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que integre las áreas marinas y terrestres. Si el país pretende ser un real líder internacional, no podemos seguir dilatando la «Ley para la Naturaleza», que nos permitirá contar con una institucionalidad moderna, robusta, integral y bien financiada.
Coescrita con Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal; y Jaime Sáez, diputado de Revolución Democrática