Una de las prioridades de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente es enviar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el decreto que fija las metas de recolección y valorización del producto prioritario de la Ley REP aceites lubricantes usados (ALU), asegura el responsable de dicha repartición, Tomás Saieg. Sostiene que esto debiera ocurrir dentro de los próximos dos meses y que, en relación a la propuesta inicial contenida en el anteproyecto, no hay grandes cambios, pero sí “hay detallitos, algunos importantes”.
Un hito indispensable en el marco de la implementación de la Ley REP (Ley 20.920) es la publicación -para cada uno de los seis productos prioritarios- del Decreto Supremo donde se fijan las metas de recolección y valorización, así como otras obligaciones, que deben cumplir los productores que ingresan ese producto por primera vez al mercado nacional. En el caso de los aceites lubricantes usados (ALU), dicho decreto debiera ver la luz próximamente, según adelanta el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Tomás Saieg, en esta entrevista con País Circular.
Se trata de un decreto largamente esperado por los actores del mercado del ALU, en especial luego de la publicación del anteproyecto de decreto, el 3 de diciembre de 2020. A partir de esa fecha, el documento fue sometido a consulta pública, donde se recibieron decenas de observaciones que han sido analizadas por el MMA con vistas al decreto definitivo que, según asegura Saieg, “está en la puerta del horno”. “La elaboración de este decreto es un proceso prioritario de nuestra oficina y será presentado en el Comité de Ministro para la Sustentabilidad (CMS), sí o sí, en dos o tres meses”, añade el jefe de Economía Circular, quien explica que una vez que el CMS lo apruebe, el documento es enviado a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para revisión y firma del Presidente de la República, luego de lo cual pasa a la toma de razón en la Contraloría General de la República.
Con todo, considerando los tiempos del último trámite, Saieg no cree muy factible que el decreto para ALU sea publicado este año en el Diario Oficial, momento a partir del cual comienzan a contar los 24 meses para que entren en vigencia las metas establecidas, de acuerdo a la progresión indicada en el mismo documento.
-¿En qué etapa está el decreto para ALU y qué debiera pasar con él en los próximos meses?
El decreto está en una fase de análisis final en el Ministerio del Medio Ambiente. Estuvo en consulta ciudadana, luego hubo un periodo un poco largo con una consulta en la Fiscalía Nacional Económica, y después vino el cambio de gobierno, hubo cambio de equipo interno y demoró un poco el retomarlo. Pero ya está hecho el análisis y estamos en la fase en que el área jurídica está validando las últimas cosas. Espero que de aquí a dos -o máximo tres- meses debiera estar ya en el Consejo de Ministros y Ministras para la Sustentabilidad siendo -ojalá- aprobado. Falta zanjar algunos últimos detalles, pero estamos en la recta final.
-En relación al anteproyecto, ¿hay muchas modificaciones, algo sustantivo quizá respecto a las metas o a los sistemas de gestión?
No puedo adelantar esos detalles porque sería adelantar definiciones que todavía no están tomadas, pero sí puedo decir que no hay cambios estructurales en el decreto, aunque hay algunas modificaciones de relevancia. En cuanto a las metas en particular no hay ninguna sorpresa, pero sí hay detallitos varios… algunos de importancia. Sin embargo, al igual como ha ocurrido con otros decretos de la Ley REP, no hay nada que vaya a ser una sorpresa o algo muy distinto.
-¿Se incluyen algunas medidas para desincentivar la informalidad en la comercialización de este producto (que supera el 50%)?
Estamos evaluando medidas para eso. Sí, ahí hay un tema. Primero que todo hay que decir que el mismo mecanismo REP (Responsabilidad Extendida del Productor), de por sí, va a llevar a un desincentivo de la informalidad. El decreto mismo es una política pública que va a armar un nuevo sistema, incorporando un nuevo actor que son los sistema de gestión, que van a estar recolectando el ALU, llevando la trazabilidad. Habiendo dicho esto, sí estamos evaluando incorporar algunos cambios con respecto al anteproyecto, justamente para abordar este tema de la informalidad.
-¿Se incluye alguna referencia especial a algún tipo de valorización, como re-refinación o valorización energética?
No, en el anteproyecto no se estableció alguna meta por proceso, o de uno sobre otro, y tampoco es algo que estamos considerando modificar en esta revisión final, hasta ahora.
-¿Qué temas faltaría resolver?
Hay un tema que estamos tratando de abordar que tiene relación con las empresas que importan cantidades muy pequeñas de aceites lubricantes, porque se puede generar un problema. Cuando la importación es muy poca y el productor tiene que sumarse a un sistema de gestión, tiene que pagar probablemente una cuota de incorporación y una ecotasa; pero también hay un pago por kilo. Entonces puede suceder que como es una cantidad pequeña, la ecotasa puede ser baja y la cuota de incorporación al sistema de gestión sea muy alta, entonces no cuadra bien (…) Estamos viendo de qué forma atender a esto. Pero es algo que no necesariamente requiere ser atendido vía decreto. Estamos evaluando si es que puede ser de esa forma; eventualmente podemos abordarlo cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia esté viendo las bases y estatutos de los sistemas de gestión, porque nosotros como MMA podemos hacernos parte de esos procesos.
-Considerando que el decreto va a estar listo dentro de poco y con eso empiezan a correr los plazos, ¿cuáles son los principales desafíos para los actores del mercado de los ALU en los próximos años, cómo debiesen prepararse?
Lo más importante es que los productores se empiecen a organizar para constituir los sistemas de gestión o el sistema de gestión -dependiendo de si va a ser uno o varios-, aunque hay actores que ya lo han estado haciendo, como el Consorcio de Empresas de Lubricantes Asociadas (CELA), también COPEC tiene interés en levantar un sistema de gestión (…) Creo que el desafío más grande es que se constituya el sistema de gestión, que funcione bien y que logre cumplir con los plazos para llegar en tiempo y forma al inicio de la meta.
Una vez en operación, el principal reto en el caso de este decreto no está tanto en la valorización, o en que haya destinos o plantas para tratamiento de ALU; creo que esa no es la parte más crítica de este decreto. La parte más crítica va a ser la recolección, en buena parte porque este es un sector en el que hay mucha informalidad y es un residuo que tiene un valor positivo, entonces hay un mercado informal y hay que luchar contra él para que todo se formalice y empiece a actuar en regla, en los términos que establece el decreto.
-Desde la consultora Ecobaus -que ha elaborado de informes sobre ALU que han servido de insumo para el MMA- han manifestado cierta aprensión por la figura del “consumidor industrial” establecida en la Ley REP, pues dicen que en el caso de los ALU complicará el cumplimiento de las metas, ¿hay alguna posición del MMA al respecto?
Estamos al tanto de esas opiniones de Ecobaus, nos las han hecho llegar por escrito y hemos tenido algunas reuniones donde nos han explicado sus puntos. Me parece que hay varios elementos súper relevantes que levantan y estamos haciendo ese análisis. Pero hay que tener en consideración que existe un marco normativo del cual no nos podemos salir; no tenemos total libertad de hacer lo que queramos. La figura de consumidor industrial fue establecida en la ley, entonces hay cosas que podemos hacer y otras que no. Por ejemplo, en este caso, si algún consumidor opta por la figura consumidor industrial, tenemos que ver los alcances para que se asegure la trazabilidad.
Hemos escuchado sus aprensiones y hemos escuchado a otros actores sobre otros puntos, hay argumentos válidos y estamos evaluando qué podríamos hacer para reforzar esto de evitar la informalidad y cómo mitigarla.
-Otra de las inquietudes de algunos gestores tiene relación con el destino del combustible alternativo elaborado con el ALU -o su uso directo en hornos- a establecimientos sin autorización, sin Resolución de Calificación Ambiental, para usarlo…
Bueno, para que la valorización de un aceite lubricante usado sea válida para efectos del cumplimiento de las metas REP se tiene que acreditar la trazabilidad; entonces, si alguien está enviando a un destino no autorizado, no debería poder conseguir un documento tributario que acredite un destino autorizado. Se debiera terminar esa práctica porque ese ALU que llega a ese destino no debiera poder ser contado en las metas. Ahora, si alguien se pone a falsificar documentos, es algo que puede pasar, y ahí es donde entran las organizaciones que les toca fiscalizar esta ley y que tienen que asegurarse de velar porque eso no pase. La ley establece controles para eso, es decir, los informes de cumplimiento de los sistemas de gestión tienen que ser auditados; por ejemplo, toda la trazabilidad, los recibos, todo tiene que estar también en regla en el RETC (Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes). Hay mecanismos para evitar que eso suceda y las organizaciones que fiscalizan tienen que velar porque haya la menos trampa posible.
Entrevista realizada por País Circular – Sección «Economía Circular / Ley REP»
