Durante el encuentro se formalizó el aporte voluntario de Chile al Fondo de Contribuciones del Acuerdo de Escazú, que se concretó mediante la firma de un convenio entre el subsecretario Maximiliano Proaño y el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el subsecretario, Maximiliano Proaño, participaron este jueves en la primera sesión del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) del Acuerdo de Escazú, órgano subsidiario que tiene como función examinar el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo y formular recomendaciones, asegurando una participación significativa del público.
En el encuentro, que se realizó en la sede de la CEPAL en Santiago, los integrantes de este Comité conformado por Guillermo Eduardo Acuña (Chile); Mariana Benglio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Josehp-Olievetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá) asumieron sus funciones en conformidad a la decisión tomada por la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP2), realizada en Argentina, en abril de este año.
En su intervención, la ministra Rojas expresó el apoyo de Chile a este Comité, enfatizó la urgencia de actuar ante la crisis climática y manifestó el compromiso del país con la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos en asuntos ambientales. “Necesitamos mejorar nuestra toma de decisiones y su implementación, porque la situación es crítica y requiere de cambios transformadores. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático señala que tenemos aún una ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible, pero se está cerrando rápidamente”, dijo la ministra Rojas.
La autoridad ambiental agregó que “para este Gobierno el irrestricto compromiso con los Derechos Humanos es prioritario y esperamos aportar en su protección y promoción como recientes integrantes del Consejo de Derechos Humanos y como presidencia del Consejo Económico y Social de la ONU”.
Respecto al rol de este Comité, la secretaria de Estado sostuvo que como país “apoyamos plenamente las funciones que hoy asume y tomaremos con la máxima seriedad sus consejos, recomendaciones y asistencia. Podemos dar fe que las opiniones de los órganos internacionales nos ayudan a mejorar nuestro desempeño”.
La ministra Rojas también destacó que “quedan poco más de seis meses para que los 15 Estados parte de Escazú, e idealmente nuevos países que se sumen, nos reunamos nuevamente en esta casa que es la Cepal y que ha sido una secretaría comprometida profundamente con nuestro único tratado regional” y agradeció “la dedicación y el trabajo constante que nos permite hoy afirmar que es posible apostar por el multiletarismo y la colaboración entre países para enfrentar los problemas con más democracia”.
Su intervención culminó con un llamado a proteger a los defensores ambientales y enfatizó la importancia de sacar adelante un plan “que responda a la dramática realidad de nuestra región donde quienes defienden y promueven el medioambiente son atacados, intimidados y amenazados como en ningún otro lugar del mundo”. Esto apoyará la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
La sesión estuvo marcada por la formalización del aporte voluntario de Chile al Fondo de Contribuciones de Acuerdo de Escazú, anunciado en la COP2, que se concretó a través de la firma de un convenio entre el subsecretario Proaño y el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar. Chile es el segundo país en concretar este aporte después de México.
Sobre el Acuerdo de Escazú
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y cuenta con 15 estados parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Grana, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
La siguiente COP tendrá lugar en abril 2024 en la sede de CEPAL y su principal resultado esperado es la aprobación del Plan Regional de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Este trabajo es cofacilitado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves.