La restricción a los catalíticos y las motos, son las medidas del Plan de Prevención y Descontaminación (PPDA) de la Región Metropolitana que capturaron la atención general, aunque no son las únicas. La iniciativa incluye cambios que buscan mejorar la calidad del aire en la capital y tocan a los sectores industrial, construcción y transporte, entre otros.
Lo distinto ahora, cuando el cambio se ajusta a la norma de emisión de material particulado (MP) 2,5 (relacionado con la combustión), es que el gobierno y los privados optaron por dialogar, lo que en parte quedó reflejado en el anteproyecto que estará en consulta pública hasta fines de marzo.
De esta forma, en esta nueva revisión, el PPDA busca dar cumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental del aire vigentes, asociados a contaminantes como Material Particulado 10, fino respirable 2,5 , ozono (O3), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en un plazo de diez años. El primer plan de descontaminación entró en vigencia en 1998 y una década después fue revisado y actualizado.
En el anteproyecto se explica que la descontaminación de la capital comenzó en la década del ’90 y al cabo de casi 25 años de gestión es posible constatar cambios estructurales en los patrones de producción y consumo de la Región Metropolitana que han permitido una reducción en las emisiones, tanto de MP 10, que es el material más grueso, como el polvo, y también de 2,5, que es aquél más fino, que entra directamente al pulmón y es responsable de las enfermedades respiratorias.
«Persisten aún actividades dentro de la Región Metropolitana que no han experimentado una transformación relevante en términos tecnológicos, lo que las ha ido convirtiendo en las mayores responsables de los niveles de contaminación observados actualmente.
Éstas son, principalmente, las residencias que emplean calefacción a leña, el transporte comercial y de carga urbano e interurbano, a lo que se suma el fuerte incremento del parque de vehículos livianos», dice la autoridad en el texto del plan.
Durante la gestión de episodios críticos en 2015 se constataron 27 episodios por altos niveles de MP 10, los que se desglosaron en 14 alertas y 13 preemergencias, sin registrarse emergencias, mientras que por MP 2,5 los episodios fueron 51, que correspondieron a 35 alertas, 14 preemergencias y dos emergencias. Sin embargo, añaden, pese a las malas condiciones de ventilación durante 2015 el número de preemergencias se mantuvo y en materia de emergencias se redujo comparado con una que hubo en ese período. La diferencia estuvo en la implementación, por primera vez de la alerta sanitaria por MP 2,5, que ayudó a mitigar las malas condiciones de ventilación.
Se calculó que el beneficio neto del PPDA es de US$ 6.800 millones, mientras que los costos valorizados de la iniciativa se estiman en US$ 1.820 millones.
El subsecretario de Medioambiente, Marcelo Mena, explicó que durante la elaboración del plan 2015 sostuvieron varias reuniones con distintos actores del sector, entre ellos la Sofofa, que a través de su centro de medioambiente, instancia creada el año pasado, realizó varios aportes al texto.
Sin embargo, pese a la colaboración hay varios involucrados en el tema que aprovecharán este periodo de observaciones para proponer perfeccionamientos a estos cambios.
Flexibiliza compensación para industriales
El sector industrial ha bajado su peso en las emisiones de la capital y hoy representa no más del 15%. Este descenso responde a las inversiones ejecutadas, entre ellas la masiva adopción del gas natural. Este cambio reduce las posibilidades para que las industrias sigan recortando emisiones, de ahí que los mecanismos de compensación sean de vital importancia, ya que esta versión del PPDA considera nuevas normas de emisión que son más exigentes.
La propuesta establece flexibilizar el mecanismo de compensación, ya que hasta ahora las industrias sólo pueden reducir el mismo contaminante que emiten, en cambio ahora pueden impulsar iniciativas que recorten otros elementos, para lo cual se establece un plazo en el cual la autoridad debe realizar un inventario de emisores, tarea que tiene en alerta al sector privado, pues es vital para el sistema.
Más novedoso será el establecimiento de un fondo verde de compensación, que fue una de las iniciativas que habría surgido a partir del dialogo con los privados, quienes proponen que a través de esta instancia les sea posible compensar, por ejemplo, mediante aportes económicos que viabilicen la incorporación al Transantiago de buses que usen combustibles menos contaminantes como el gas natural o la electricidad.
Incentivo errado en transporte
A juicio de conocedores del tema ambiental, el uso de diésel, junto con la leña, son los principales responsables de las emisiones en la capital. En este sentido, el anteproyecto del PPDA establece incentivos en materia de transportes, particularmente para la incorporación de buses eléctricos en las próximas licitaciones del Transantiago.
Esta decisión no ha estado libre de críticas a nivel privado, ya que entre las distribuidoras de gas natural, por ejemplo, advierten no sólo un trato discriminatorio, sino que también que esto supone un incentivo errado, ya que el objetivo, dicen en la industria, es promover alternativas que realmente estén disponibles en el país, como sería el gas natural que también tiene bajas emisiones, pero que no está considerado en el plan de la autoridad.
La presencia de este hidrocarburo sólo se incentiva entre las industrias, donde su uso ya es masivo, al plantear la autoridad que aquellos que utilicen este hidrocarburo en sus calderas quedarán exentos de la obligación de monitorear y reportar sus emisiones.
Camiones más «jóvenes» y maquinaria más limpia
Un cambio que, reconoce la autoridad, podría complicar el proceso del PPDA es la reducción en seis años, de 18 a 12, la antigüedad de los camiones que a partir de 2018 podrán circular por las denominadas «zona de baja emisión» que son las vías al interior del anillo de Américo Vespucio, con excepción de las autopistas urbanas y las vías de paso.
Otra medida tiene implicancias en el sector de la construcción y al mismo tiempo puede abrir un nuevo mercado, ya que a partir de 2020, los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Salud, establecerán una restricción de emisiones para la maquinaria fuera de ruta (retroexcavadoras y palas, entre otras), nueva o ya en uso, que participe en sus obras de construcción, directamente o a través de terceros.
Los cálculos del Ministerio de Medio Ambiente establecen que en la capital hay 15 mil de estas máquinas, de las cuales 5 mil ejecutan obras para el Estado y estarían fuera de norma. Para cumplir requerirán instalar filtros, lo que abre un nuevo mercado, precisamente, para proveedores de estos sistemas de abatimiento. De hecho, el gobierno está en contacto con el gobierno suizo para conocer más sobre esta tecnología y así apoyar a quienes estén interesados en entrar a este negocio de filtros.
En lo que respecta a maquinarias nuevas, la autoridad comentó que aquellas unidades de origen europeo y norteamericano por lo general cumplen con la norma de ingreso que se propone, lo que no sucedería en general con aquella de origen asiático, alternativa que en el último tiempo venía ganando terreno a nivel local.
Kerosene más exigente y prohibición a la leña
La leña no sólo es un importante precursores de la contaminación en las regiones del sur, sino que en Santiago, junto al diésel son las principales responsables de las emisiones. Al respecto, el PPDA establece la prohibición de uso de leña, una medida que a ojos de los privados será muy difícil de fiscalizar, especialmente con los recursos que para ese efecto posee la autoridad.
El PPDA establece especificaciones para los distintos combustibles, tanto de uso vehicular como residencial e industrial. En este sentido, en lo que respecta al gas vehicular en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) explicaron que las nuevas características del gas licuado de petróleo (GLP) se cumplen en el caso del hidrocarburo que ellos producen y que representa una parte menor del mercado, cumple en general con todos los requisitos incluidos en la normativa, mientras que «la exigencia se da principalmente para el tipo de GLP que importan las empresas distribuidoras.
Para el kerosene doméstico también se fijan nuevos parámetros, los que en una primera fase no supondrán inversiones para la estatal, a diferencia de 2008 cuando bajar el nivel de azufre en diesel y gasolina les costó unos US$ 600 millones.
«Para cumplir las especificaciones establecidas en la segunda etapa, se deben considerar modificaciones o inversiones que estamos evaluando en estos momentos», anunciaron en la petrolera.
Publicado en Diario Financiero