Columna de Opinión del Seremi del Medio Ambiente Leonardo Gros Pérez.
Alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad, aumentando la resiliencia a los efectos adversos al cambio climático y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por Chile en la materia; son algunos de los principios más relevantes de la ley 21.455 publicada en mayo del año 2022.
De acuerdo con esta norma, el gobierno chileno ha venido desarrollando un importante cambio en la matriz energética de Chile, a través de un incremento sostenido en la generación basada en recursos renovables y una simultánea disminución del volumen de energía producida a partir de fuentes convencionales. Un ejemplo de ello es la región de Coquimbo que ha alcanzado un 99,8% de generación limpia y renovable, sustentada en 24 proyectos fotovoltaicos y 15 eólicos
Según el Ministerio de Energía, “la energía eólica se origina a partir del viento, es decir, del movimiento de las masas de aire. En términos simples, la fuente está en las diferencias de temperatura que se producen en las distintas zonas geográficas de la tierra, originando la circulación del aire”. Sin embargo, este importante avance tecnológico también presenta impactos no previstos en su realización.
Tal es el caso del parque eólico Talinay al cual la Superintendencia del Medio Ambiente regional le ordenó “la adopción de Medidas Urgentes y Transitorias por un plazo de 60 días corridos, por el incumplimiento de medidas establecidas en el permiso ambiental frente a la colisión de aves (cóndores y alcoholes) y murciélagos contra las torres del parque”.
El documento señala además que “es importante destacar que el permiso ambiental del proyecto establece el compromiso por parte del titular de llevar un registro de la avifauna que eventualmente pudiera ser impactada por el proyecto y, en el caso que se sobrepase la tasa de colisión de aves establecida en la evaluación, se debe informar y proceder a la instalación de disuasores de emisión de ultrasonidos, entre otros compromisos”.
Este caso se originó en una denuncia ciudadana que informó de, al menos 9 eventos de colisión de cóndor con resultado de muerte, además de otras aves; este último antecedente se elaboró a partir de los informes de monitoreo del plan de seguimiento presentado a esta superintendencia. Para mayor precisión, la oficina SMA de Coquimbo encomendó al SAG regional, el examen de la información entregada. Dicha entidad emitió un reporte técnico con el análisis de 28 informes de seguimiento ambiental, correspondientes a los reportes trimestrales estacionales sobre monitoreo de aves y quirópteros desde el verano de 2019 hasta el verano de 2024.
Es sabido que muchas especies cambian sus hábitos de alimentación, reproducción y distribución, para asegurar su supervivencia frente al cambio climático, considerando que hoy las especies están sometidas a una continua dinámica en sus hábitos diarios. Esto obliga a que los titulares de los proyectos sean más rigurosos ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y también obliga a los evaluadores a enfatizar en las posibles afectaciones de animales y de impactos no previstos, como los registrados en los parques eólicos de nuestra región.
Por ello, es tan importante la aprobación del proyecto Evaluación Ambiental 2.0 por el congreso nacional, ello significará que la gestión ambiental se optimice la evaluación ambiental, para que la protección del medio ambiente sea más eficiente. Esto va en la misma línea que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente de modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, incorporando la variable de cambio climático en todos sus procesos y al mismo tiempo, se alinea con el proyecto de ley para modernizar y hacer más efectivas y eficientes, las fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), fortaleciendo este organismo.
En la medida que seamos capaces de ser más rigurosos en los procesos de evaluación ambiental, incorporando la variable de cambio climático y logremos fortalecer la institucionalidad ambiental en materia regulatoria y de fiscalización, podremos abordar esta problemática, de manera consensuada y con la voluntad y el apoyo de la ciudadanía.