Por Yoal Díaz Reyes, Seremi del Medio Ambiente de la Región de Aysén.
En una época marcada por la desconfianza hacia las instituciones, la región de Aysén ofrece un ejemplo silencioso pero contundente de cómo el Estado puede funcionar. Desde el año 2022, se han aprobado siete proyectos con foco en sostenibilidad, se han realizado más de 5.500 fiscalizaciones en acuicultura y estamos avanzando a paso firme en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas SBAP. La institucionalidad ambiental regional —Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la SEREMI del Medio Ambiente— ha demostrado que, con recursos limitados, pero con voluntad técnica y política, se puede avanzar hacia un desarrollo que resguarda el patrimonio natural.
Uno de los pilares ha sido la fiscalización proactiva. Desde 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente ha abierto 113 expedientes por loteos irregulares, muchos de ellos iniciados de oficio, con exigencias concretas, como el ingreso obligatorio al SEIA. En el ámbito acuícola, se han realizado más de 5.500 inspecciones desde 2014, abordando prácticas como el posicionamiento ilegal de centros de cultivo y la sobreproducción. En 2024, estas acciones permitieron retirar 12 toneladas de basura marina, un hito coordinado con la propia industria.
Pero no todo es sancionar. La región también ha dicho “sí” a proyectos alineados con la transición ecológica. Entre ellos, el Parque Eólico Alto Baguales, que aportará 45 MW de energía limpia, y la planta de GLP en Coyhaique, que contribuirá a reducir el uso de leña contaminante. Estos 7 proyectos aprobados en la comisión de evaluación ambiental son datos concretos de la voluntad del gobierno del presidente Gabriel Boric; los 115 millones de dólares aprobados en proyectos de inversión fueron a través de un riguroso proceso ambiental y los que están actualmente en el sistema seguirán por la misma dirección, dando certezas y confianza a la ciudadanía y los titulares de los proyectos.
Pero además la institucionalidad se sigue fortaleciendo. Ayer hablamos de la creación del Servicio de Biodiversidad (SBAP), hoy hablamos de la implementación del Servicio, que vendrá a robustecer la gestión en áreas silvestres protegidas, cuidando y resguardando los objetos de protección y compatibilizando con los distintos sectores productivos regionales su uso, poniendo todas las miradas y perspectivas en esos casos. Nuestra región ya ve luces SBAP, tenemos una dirección regional que esperamos sea pronto una realidad. El SBAP es certeza y esperanza, y en su construcción nuestro Ministerio está poniendo toda su voluntad para que sea una gran oportunidad para nuestra patagonia aysenina.
Estos logros no son casualidad. Son fruto de una institucionalidad que fiscaliza, pero también previene; que sanciona, pero también dialoga. Que avanza con transparencia, articulación intersectorial y apoyo ciudadano. Aysén no es un territorio donde todo se permite: es una región donde las decisiones ambientales se toman con criterio técnico, sentido de urgencia y responsabilidad intergeneracional. El desafío ahora es consolidar estos avances y asegurar que lo excepcional se transforme en lo habitual.
