En el marco de los esfuerzos continuos desarrollados para conservar el alto valor y endemismo de las especies y ecosistemas del Centro y Sur de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) están avanzando en la implementación del proyecto «Instrumentos Económicos para la Conservación de la Biodiversidad» (IECB). Con un presupuesto de 2,3 millones de USD y un cofinanciamiento de 9,2 millones de USD desde instituciones públicas y privadas, esta iniciativa busca promover la aplicación de instrumentos económicos para fortalecer las acciones de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad.
El proyecto IECB va en la línea del cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad acordadas durante la COP15 y su aplicación a las metas nacionales; y busca mejorar el financiamiento nacional de la biodiversidad a través del diseño, implementación y optimización de instrumentos económicos que fortalezcan las finanzas públicas y faciliten la contribución económica del sector privado al mantenimiento del capital natural del país.
Actualmente, el proyecto está desarrollando acciones clave para establecer un marco institucional, de gobernanza y herramientas para la aplicación efectiva de Instrumentos Económicos para la conservación, restauración y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Estas acciones se llevarán a cabo mediante experiencias demostrativas en diferentes ecosistemas de la zona centro y sur del país en las regiones de Valparaíso, Los Ríos y Los Lagos.
Víctor Caro, Jefe de la División de Información y Economía Ambiental del MMA y Director del Proyecto, destacó que: “Este proyecto está diseñado para promover un cambio significativo en la conservación de la biodiversidad mediante la aplicación de instrumentos económicos que incentiven la protección y el uso sostenible de ecosistemas relevantes, aplicando innovadoras herramientas de financiamiento definidas en la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”.
En este contexto, la Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) busca conservar la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país, a través del diseño y aplicación de diversos instrumentos de conservación que promuevan alcanzar este objetivo. En este esfuerzo, el proyecto GEF IECB está desempeñando un rol clave para generar insumos teóricos y prácticos fundamentales para la elaboración de determinados reglamentos, específicamente, aquellos relacionados a compensaciones por impactos residuales en biodiversidad, la creación de un sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y en la definición de contratos de retribución por servicios ecosistémicos (artículos 38, 50 y 51, respectivamente). Además, el proyecto analizará cómo ha progresado la aplicación del Derecho Real de Conservación Medioambiental (Ley 20.930), una herramienta legal para conservar el patrimonio ambiental de una propiedad privada.
Amerindia Jaramillo, Coordinadora Nacional del proyecto, destacó la relevancia de esta innovadora iniciativa: “Esta iniciativa tiene como objetivo resaltar el rol crucial que tienen los ecosistemas y los servicios que brindan para el bienestar de comunidades a lo largo del país. Además, busca retribuir, mediante medidas concretas, a quien conservan y utilizan de manera sustentable el patrimonio natural, promoviendo la obtención de resultados de conservación tangibles y sostenibles frente a la actual crisis de la biodiversidad”.
Respecto a los proyectos
En el ámbito terrestre, se está avanzando en la sistematización de las experiencias aprendidas y fortalecimiento de un modelo de pago ecosistémico que se ha implementado desde el 2013 en Mashue, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos. Operado por un Comité de Agua Potable Rural (CAPR), el cual actúa como intermediario entre los propietarios de predios que proveen servicios ecosistémicos hídricos (calidad y cantidad de agua) y la comunidad que los utiliza.
En la misma región, en la comuna de Panguipulli, se desarrollará una segunda experiencia demostrativa relacionada a gestión hídrica en microcuencas de la localidad de Liquiñe, apoyando al CAPR de esta comunidad en la creación de un modelo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (RSE), centrado en el turismo como fuente ingresos para movilizar financiamiento hacia la implementación de acciones de restauración ecológica de las cuencas proveedoras de agua y de promover un programa de educación ambiental.
En el caso de ecosistemas marinos y costeros, se comenzará el desarrollo de experiencias piloto en las regiones de Valparaíso y Los Lagos. En dichos casos se trabajará con organizaciones de pescadores artesanales en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) y refugios marinos, que corresponden a zonas no extractivas con fines de conservación y protección de ecosistemas marino-costeros. En estas zonas se aplicarán acciones de manejo con el fin de incrementan la sustentabilidad de estas áreas, asegurando la provisión de recursos pesqueros a través de la implementación de un mecanismo y sistema de vigilancia para el control de robos y pesca furtiva, además de un sistema de monitoreo de la biodiversidad y de recursos marinos. Estos casos piloto representan modelos de manejo y explotación sostenible de socioecosistemas.
Fotografía: Amerindia Jaramillo (coordinadora nacional del proyecto) Carlos Rojas y Valeria Berhau (parte de la unidad de gestión del proyecto)