- «Gestión Efectiva de Áreas Protegidas de Chile: ¿Cómo avanzamos juntos a la meta?” fue el nombre de la instancia que reunió a casi un centenar de expertos y personas ligadas a la conservación.
La cita, organizada por el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y la ONG PEW, reunió a casi un centenar de expertos y personas ligadas a la conservación, para juntos comenzar a pensar en los lineamientos que permitan un trabajo colaborativo que aumente la cobertura nacional de áreas protegidas, mejore la gestión de las ya existentes y alcanzar así el objetivo acordado.
“La idea de estas instancias es institucionalizar un espacio de trabajo alineado y participativo para sumar a la ruta que nos lleve a lograr la Meta 30×30. El Ministerio partió este proceso en las regiones donde levantamos insumos y bases. La participación, aunque a veces puede ser crítica, fortalece y alimenta el proceso para lograr una visión compartida”, comentó Diego Flores, jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente.
Dentro del taller, una de las instancias más esperadas fue la presentación que realizaron los investigadores Patricio Pliscoff y Maria José Martínez, del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), quienes presentaron el estado actual de cobertura de áreas protegidas terrestres, marinos y dulceacuícolas, destacando la utilidad de estos estudios para identificar brechas y oportunidades para la creación de nuevas áreas protegidas en zonas de ecosistemas que hoy no se encuentran adecuadamente protegidos.
La Meta 30×30
Ya que el 23% de la tierra y 42% del mar están protegidos en Chile, se puede considerar que el país está muy cerca de cumplir con la Meta 30×30. Sin embargo, además de buscar proteger más espacios de alto valor natural protegidos, debido a la finalidad de este acuerdo se estableció internacionalmente que las áreas protegidas deben ser representativas de los variados ecosistemas existentes y deben contar con una gestión eficiente que les permita mantener su integridad.
“Muchas veces estamos muy fragmentados en nuestras conversaciones, cada uno en su área y es importante que tengamos un norte común, una hoja de ruta para ver cómo llegamos a estas metas”, agregó la Dra. Martínez, quien también es académica en la Universidad Santo Tomás, tras las presentaciones de los distintos científicos.
Según el profesor Pliscoff, el principal desafío es avanzar en la protección de los ecosistemas menos representados y avanzar en una representación territorialmente más equilibrada. Además, destaca la importancia de hacer públicas las investigaciones que se reunieron en este taller: “Por primera vez estamos compartiendo los resultados que hemos obtenido para los tres ámbitos (marino, terrestre y dulceacuícolas), algo que nunca había pasado. Da una visión completa del estado de los distintos ecosistemas y eso va a dar directrices más claras. Ahora hay que avanzar en la representación y para eso se requiere al privado, solo el Estado no alcanza”.
Otro de los desafíos analizados en el taller tuvo que ver con la gestión efectiva en las áreas protegidas ya existentes. Esto se busca alcanzar mediante sistemas de gobernanza, inclusivos y equitativos, presencia de personal y guardaparques, con planes de manejo robustos y sistemas de monitoreo de biodiversidad que permitan conocer el estado de esta, entregando esta buena gestión beneficios para las comunidades locales y pueblos originarios, turistas y sociedad en general.
En su presentación sobre el nivel de gestión y la brecha existente en las distintas áreas naturales resguardadas del país, Eduardo Silva, investigador de la Universidad Austral de Chile, además recordó que el trabajo por la conservación de biodiversidad también tiene un alto componente de responsabilidad social: “Si bien tenemos que avanzar en las metas fijadas, lo que buscamos finalmente es lograr un mejor país en términos del estado de su biodiversidad y que provea mejores oportunidades para la gente que vive en ambientes más rurales y que debieran ser los principales beneficiarios de estos procesos”.
“El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, mediante la Ley 21.600, implica no sólo una serie de reglamentos para mejorar la gestión dentro y fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), sino que también será la columna vertebral para la gestión efectiva de la Meta 30×30”, comentó Daniela Manuschevich, Jefa de la División de Recursos naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente.
Además, la bióloga adelantó que “prontamente iremos a Cali, Colombia, a la COP de Biodiversidad, y podremos mostrar una hoja de ruta hacia la gestión efectiva del territorio y maritorio. Esto nos ubica como un país con alto nivel de compromiso y ambición, lo que no solo se sustenta en una declaración de buenas intenciones, si no que en una institucionalidad concreta”.