La jefa de la oficina, Gloria Lillo, confiesa que el objetivo es ambicioso: impulsar allí sectores productivos innovadores y sustentables, trabajo decente, equidad territorial e intergeneracional y justicia social y ambiental, con comités locales y articulación entre Gobierno y sector privado. La funcionaria además espera que este enfoque se convierta en una política de Estado, con permanencia en el tiempo. «El trabajo que está desarrollando esta oficina responde a necesidades muy sentidas a nivel local y nacional desde hace muchos años, por lo que las soluciones que puedan emerger desde acá deberían tener una continuidad en el tiempo, al empoderar la toma de decisión de escala local y mejorar la coordinación intersectorial a escala nacional. Estamos convencidos de que estos son objetivos deseables, independientemente del color político del Gobierno de turno», afirma. «Queremos llegar para lograr un equilibrio ecológico y donde se permita el bienestar físico, mental y social de las personas», señala.
“Esperamos ser el primer Gobierno ecologista en la historia de Chile”, señaló en enero, poco después de su elección, el Presidente Gabriel Boric. El ecologismo, con las «zonas de sacrificio» como uno de sus símbolos más dolorosos, fue uno de los impulsores del movimiento que llevó al poder al exdirigente estudiantil.
Fue en ese marco que, tras asumir, el Mandatario designó como ministra del área a la climatóloga Maisa Rojas, experta en cambio climático. Diez meses después, en ese mismo contexto, dicha secretaría de Estado anunció la creación de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, a cargo de Gloria Lillo.
Ingeniera en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, con Máster en “Ciencias ambientales, Mención en Gestión en Aguas Transnacionales” de la Universidad de Radboud (Países Bajos) en conjunto con Universidad de Duisburg-Essen (Alemania), Lillo cuenta con una vasta experiencia en gestión de recursos hídricos en Chile, como también en proyectos con enfoque en temas ambientales y cambio climático.
De hecho, anteriormente fue coordinadora del programa de Transición Socioecológica de la fundación alemana Heinrich Böll, vinculada al partido germano Los Verdes.
Objetivos
Lillo explica que el objetivo de la oficina es llevar a la práctica en los territorios el concepto de Transición Socioecológica Justa e impulsar sus pilares: sectores productivos innovadores y sustentables, trabajo decente, equidad territorial e intergeneracional y justicia social y ambiental.
«Para esto ya estamos implementando una gobernanza a nivel central y a nivel local, donde participan actores públicos, privados y de la sociedad civil. Además, desde marzo el Ministerio del Medio Ambiente, junto a los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, han trabajado con las gobernaciones regionales para el diseño de una gobernanza que mejore la gestión de las cuencas del país, trabajo que también se continuará en el marco de esta nueva oficina».
La funcionaria además admite que el principal desafío que afrontará esta oficina «son las altas expectativas que se tienen sobre el rol del Estado en territorios con conflictos altamente complejos».
«En esos territorios se requieren procesos de diálogo, acuerdos participativos y multisectoriales, altos estándares ambientales, y donde nuestra oficina facilitará la instalación y mantención de modelos de gobernanza local para responder a esa necesidad de coordinación para la toma de decisión».
Nueva denominación
La ingeniera hace hincapié en que uno de los giros que se pretende hacer es cambiar la denominación de «zonas de sacrificio» por la de «zonas en transición».
«Las zonas de sacrificio han sido conocidas con ese nombre por la carga ambiental y social derivada de actividades productivas concentradas en ciertos territorios, como es el caso emblemático de Quintero, Puchuncaví, Concón, Coronel o Huasco, es decir, se les conoce así por los sacrificios que sus habitantes han tenido que absorber para que el país se desarrolle», puntualiza.
«A pesar de ser un término que releva la significancia del problema, nos parece esencial no seguir estigmatizando a la población que vive en estos lugares, y que avancemos hacia conceptos que abran oportunidades para su recuperación ambiental y social, como es la idea de ‘transición’, donde en vez de relevar el estado actual, relevamos un estado al que queremos llegar para lograr un equilibrio ecológico y donde se permita el bienestar físico, mental y social de las personas».
Trabajo concreto
Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en tres zonas en transición, como forma de continuación del trabajo que se comenzó en el 2014 con los Programas para la Recuperación Social y Ambiental de los territorios de Quintero-Puchuncaví (donde se está integrando también a Concón), Coronel y Huasco.
Estos se operativizan a través de los Consejos para la Recuperación Social y Ambiental (CRAS), los que paulatinamente ampliarán sus funciones para transformarse en Comisiones Locales de Transición Socioecológica Justa.
Estas instancias de gobernanza local están integradas por representantes de la sociedad civil, empresas y servicios públicos, y sus funciones se enmarcan en identificar y priorizar las medidas que necesita el territorio para impulsar sectores productivos innovadores y sustentables, la protección y recuperación de los ecosistemas, asegurar empleo decente, mejorar la salud de la población, entre otras que identifiquen sus miembros, explica la funcionaria.
«Además de Quintero-Puchuncaví –donde se está integrando además a Concón–, Coronel y Huasco, estamos comenzando a trabajar en Tocopilla, acompañando al Ministerio de Energía en el proceso que han liderado por el cierre del Complejo Térmico de Tocopilla (CTT)», detalla.
En el caso de Mejillones, hay una propuesta de transformar las centrales a carbón en centrales a biomasa, algo rechazado por ecologistas. ¿Va esto en línea con la así denominada transición socioecológica?
«Esta nueva oficina tiene la tarea de facilitar los espacios para que estas definiciones sean tomadas de manera participativa, considerando propiciar sectores productivos innovadores que cumplan con los más altos estándares ambientales», responde Lillo. «Por lo tanto, las propuestas para cada zona, como será el caso de Mejillones, deben ser evaluadas en conjunto con los actores pertinentes».
Normativa y gobernanza
Durante el 2022, Lillo y su equipo esperan terminar de actualizar la gobernanza en los territorios donde hoy funcionan los Consejos para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), que están reformulando sus objetivos y sus normas de funcionamiento, para realizar la actualización de las medidas durante el próximo año.
«Además, durante el 2023 esperamos poder generar una metodología que nos permita incorporar otras localidades con necesidades de transición producto del cierre de termoeléctricas a carbón, y así comenzar estos procesos en nuevos territorios durante los próximos tres años».
Asimismo, realiza un anuncio: «Durante los próximos meses comenzaremos el proceso de redacción de una Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa que debiera guiar el accionar estatal de los próximos años».
«Actualmente estamos identificando las normativas que se requieren para fortalecer el trabajo de las comisiones locales, así como la institucionalidad ambiental en su conjunto», asegura.
Articulación Estado-mercado
En cuanto a la articulación con los otros ministerios y, especialmente, el sector privado, la funcionaria destaca que está en marcha un Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa donde participan 10 ministerios, y un Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, donde participan 6 carteras. Ambos comités están acompañados por mesas de asesores donde se operativizan las decisiones ministeriales y se les da bajada en cada cartera.
Asimismo, el sector privado participa de las instancias de gobernanza local, junto a otros actores de la sociedad civil.
«Estamos identificando las brechas de información y comunicación que existen con estos actores para mejorarlos a nivel central», comenta la autoridad.
Finalmente, Gloria Lillo espera que este enfoque se convierta en una política de Estado, con permanencia en el tiempo, sin importar que en el futuro asuma un nuevo Gobierno de otro signo ideológico.
«El trabajo que está desarrollando esta oficina responde a necesidades muy sentidas a nivel local y nacional desde hace muchos años, por lo que las soluciones que puedan emerger desde acá deberían tener una continuidad en el tiempo, al empoderar la toma de decisión de escala local y mejorar la coordinación intersectorial a escala nacional. Estamos convencidos de que estos son objetivos deseables, independientemente del color político del Gobierno de turno», concluye.
Fuente: El Mostrador