Entre los desafíos del gobierno en materia ambiental destaca la implementación del Acuerdo de Escazú que, entre otros objetivos, busca garantizar que la población sea parte de la toma de decisiones ambientales. Una de las entidades que deberá asumir importantes tareas en esta materia es la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente, cuyo jefe, Carlos Rungruangsakorn, conversó con País Circular sobre una serie de actividades destinadas a sensibilizar y avanzar en el cumplimiento de este convenio, entre otros temas.
Había pasado solo una semana desde que asumió el actual gobierno, cuando el Presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú (por la ciudad costarricense donde se adoptó en 2018). En esa oportunidad, el mandatario hizo un llamado al Congreso a ratificar el pacto internacional, que había sido postergado por el gobierno anterior.
Finalmente, el 31 de mayo el Senado aprobó el proyecto de ratificación, permitiendo a Chile transformarse -desde septiembre pasado- en Estado Parte del Acuerdo, lo que lo compromete a su cumplimiento.
Así, quedó en evidencia que se trata de una prioridad para el gobierno del presidente Boric, que ahora enfrenta el desafío de generar las condiciones para implementar este acuerdo, cuyo objetivo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”, y en el que se incluyen disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Si bien la tarea recae en toda la administración del Estado, buena parte de la responsabilidad está radicada en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), es particular en la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. El jefe de esta División, Carlos Rungruangsakorn, señala que los principios establecidos en el Acuerdo de Escazú “son clave cuando queremos transitar hacia otro modelo de desarrollo, porque guardan relación con la consolidación de la democracia ambiental”.
Rungruangsakorn, quien es doctor en Ciencias Sociales y magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, tiene una vasta trayectoria en el MMA, donde ha impulsado y dirigido distintos programas como el Sistema de Acreditación Estado Verde y Oficina Verde, Comunidades Sustentables y el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM). En esta entrevista con País Circular, el jefe de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana habla de los desafíos que representa el Acuerdo de Escazú, cómo se está abordando la educación ambiental de niños, niñas y adolescentes, el rol de las municipalidades en el fomento de la participación, entre otros temas.
-¿Cuáles son las prioridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, y cuáles las metas asociadas a esos desafíos?
El gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha definido como el primer gobierno ecológico de nuestra historia. Uno de sus objetivos centrales en esa línea es avanzar en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que se haga cargo de la crisis climática que vive el planeta y sobre la que nuestro país está siendo seriamente afectado.
Este proceso es extenso y debe desarrollarse bajo una Transición Socioecológica Justa, que ponga en la antesala de las necesidades aquellas asociadas a comunidades más vulnerables y sus territorios, y que han soportado por muchos años las cargas ambientales del modelo de crecimiento que hasta ahora hemos sostenido.
Desde la perspectiva de la educación ambiental y participación ciudadana, en el Ministerio estamos trabajando en la implementación del Acuerdo de Escazú como una de nuestras prioridades. Estas buscan avanzar en mecanismos para asegurar el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Estos principios son clave cuando queremos transitar hacia otro modelo de desarrollo porque guardan relación con la consolidación de la democracia ambiental.
Por lo mismo, desde el año pasado y durante todo 2023, implementaremos un programa de sensibilización ciudadana en todo el país, para promover los principios del Acuerdo de Escazú y fortalecer la democracia ambiental entre los chilenos y las chilenas. Desarrollaremos actividades de capacitación y difusión, abiertas a la ciudadanía, como también a funcionarios públicos y municipales.
Siguiendo esta línea, implementaremos acciones de educación ambiental relacionadas con la Ley de Cambio Climático -promulgada en junio del año pasado-, las que tienen cobertura nacional y, por cierto, continuaremos nuestra labor con la Red Ambiental de Establecimientos Educacionales Certificados, el Fondo de Protección Ambiental –que ha diversificado y aumentado su oferta de concursos y destinatarios-, y el Sistema de Certificación Ambiental Municipal.
Además, seguimos comprometidos con la labor que desarrolla la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann, que dispone de cursos gratuitos para distintos públicos y con variedad de temas durante el año. Esto, sin contar que a través del sistema PMG Estado Verde se pretende generar una cultura ambiental a los funcionarios y funcionarias de 179 instituciones públicas.
Es importante destacar que durante este año está planificado realizar 30 procesos de participación ciudadanas vinculados a planes de descontaminación o normas ambientales.
-¿En qué consiste el programa Estado Verde?
El programa Estado Verde tiene por objetivo promover entre las instituciones públicas la incorporación de buenas prácticas ambientales en la administración de las dependencias físicas de la institución, como también en la gestión interna, logrando que los funcionarios internalicen cambios conductuales respetuosos con el medioambiente. Fomenta la incorporación de buenas prácticas ambientales en campos como: manejo de residuos en la oficina (economía circular), eficiencia hídrica y energética, transporte sustentable, compras y adquisiciones sustentables, gobierno electrónico y disminución en el uso del papel, etc.
Se trata de un programa que potencia la educación ambiental como cimiento de la sustentabilidad, con miras a la generación de una “cultura ambiental” en el funcionamiento de las instituciones. Este concepto se basa en las personas, por lo tanto, se trabaja fuertemente en la sensibilización, información y educación de quienes componen la institución. Se busca empoderar a funcionarios y funcionarias públicas y servidores estatales, para que incorporen en sus hábitos laborales la variable ambiental y, por lo tanto, eficiencia en el uso de los materiales de oficinas, agua, energía, manejo de residuos sólidos, entre otros; disminuir los impactos ambientales de los organismos de la administración del Estado; generar un plan de educación y capacitación ambiental permanente para a funcionarios y funcionarias, y contribuir progresivamente, a la gestión sustentable de los organismos estatales.
Actualmente hay 85 instituciones públicas participando de Estado Verde, 60 de las cuales se encuentran ya acreditadas.
-¿Qué resultados concretos ha tenido esta iniciativa en reducción de uso de recursos y disminución de huella de carbono?
En términos de resultados, 60 instituciones han realizado diagnósticos ambientales, lo que les ha permitido identificar aspectos como sus consumos de papel, agua y energía, la existencia o inexistencia de políticas, procedimientos y/o acciones en materia de gestión de residuos (reciclaje y reutilización), educación ambiental a funcionarios, incorporación de criterios ambientales en los procesos de compra y adquisición de bienes y servicios, fomento del transporte sustentable, procesos de baja de bienes muebles con criterios de economía circular, principalmente.
Asimismo, entre 2021 y 2022, diez reparticiones han logrado medir su huella de carbono en el marco del programa HuellaChile, obteniendo el sello de cuantificación.
Entre 2020 y 2022, el 100% ha implementado campañas de educación ambiental a funcionarios, así como campañas comunicacionales y de sensibilización. En el mismo período, más del 70% se propuso metas de reducción de consumo de papel, principalmente, por medio de la generación de instructivos de uso que incluyeron la digitalización de procesos, configuración de impresiones a doble cara y campañas internas de reducción de consumo. En la misma línea, el 65% de ellas implementó nuevos puntos verdes al interior de sus dependencias y el 50% logró generar convenios o contratos de retiro de materiales reciclados.
En materia de consumo de agua, el 100% de los servicios públicos participantes implementó campañas comunicacionales para reducir el consumo y un 70% desarrolló inversiones con el mismo objetivo, destacando la instalación de aireadores y, en algunos casos, inversiones mayores, como recambio de inodoros o remodelación de los baños más antiguos. Las instituciones que declararon reducción de consumo de agua fueron un 50%, con porcentajes promedio que fluctuaron entre un de 5% y un 10%.
Por su parte, en consumo de energía, el 100% implementó medidas para reducir el consumo, destacando campañas comunicacionales y procedimientos internos de ahorro energético. Un 50% ejecutó inversiones con el mismo objetivo, destacando el recambio de iluminación por luces LED, instalación de sensores de movimiento y monitoreo de consumo. En el mismo sentido, 50% de las instituciones participantes declararon reducción de consumo de energía en un 50%, con porcentajes promedio de 5,6% y un 25% de reducción de consumo.
El éxito de Estado Verde se traduce en que, a partir de este año, el programa se aplicará obligatoriamente en 179 instituciones públicas, lo que involucra a más de 200 mil funcionarios y funcionarias, a través de los mecanismos de incentivos institucionales que dispone la Dirección de Presupuestos, conocidos anteriormente como PMG (Programa de Mejoramiento de Gestión). Esto implica que el Sistema Estado Verde, en un plazo de cinco años, deberá estar implementado en un ciento por ciento en la administración pública, con exigencias paulatinas que deberán ir cumpliendo los ministerios y servicios. Todo lo anterior nos pone a la vanguardia en Latinoamérica, transformándonos en el primer país en la región que aplica medidas de gestión ambiental obligatorias en el Estado.
Por último, es importante mencionar que se está implementado el programa Oficina Verde para el sector privado, programa gemelo de Estado Verde.
-¿Existen en Chile mediciones de resultados en relación a la educación ambiental de niños, niñas y adolescentes?
En relación a estudios y mediciones en torno a las conductas proambientales de niños, niñas y adolescentes, estas son escasas en nuestro país. Tenemos conocimiento de una investigación reciente generada por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica que concluyó que los estudiantes que tienen conductas prosociales demuestran también tener conductas proambientales. También reveló que son relevantes las relaciones de pares para generar y mantener las conductas sustentables, las que deben darse en espacios de distracción, entretención, pero también de diálogo.
Resultados interesantes arrojó también un estudio realizado por las empresas Kyklos y Tetra Pak, en 1.647 establecimientos educacionales, entrevistando a las comunidades educativas en relación a los residuos y la educación ambiental. Este concluye que la mitad de los establecimientos educacionales encuestados cuenta con un punto de reciclaje y el 92% de los establecimientos han incorporado la temática de residuos en el currículum.
Es importante mencionar que un alto porcentaje de la muestra de establecimientos de este estudio participa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE). A partir de esto se concluye que el programa es una gran herramienta para destacar aquellos colegios que realizan esfuerzos por una educación ambiental de calidad, como también para incentivar a aquellos que aún no se han adentrado en este mundo, dado que suele ser el primer paso que toman los establecimientos educacionales para incorporar prácticas amigables con el medioambiente. Además, el estudio destaca que el SNCAE tiene implicancias positivas sobre el reciclaje y también en los aspectos de convivencia y motivación escolar.
Sin embargo, la mayor parte de los estudios e investigaciones en materia de educación ambiental están relacionados con lo que denominamos “educación formal” y están centradas, principalmente, en la actividad docente y su formación. En ellas se ha revelado que en nuestro país aún hay una débil formación inicial docente en materia de educación ambiental. Si bien el currículum reconoce contenidos ambientales, los establecimientos muestran dificultades en generar estrategias de educación ambiental debido a que los docentes no reciben en su formación el paradigma de la educación ambiental.
En tanto, en relación a los conocimientos metodológicos de los profesores, solo un 12% indica “definitivamente sí” conocer estrategias didácticas de educación ambiental. Esta falta en la formación de pregrado de los docentes implica que, a veces, lo ambiental es tratado como una información más, pero no dentro de una estrategia metodológica y didáctica que permita el actuar colectivo de la comunidad educativa para la transformación ambiental de su entorno.
¿Se prepara algún cambio el sistema de certificación ambiental de establecimientos educacionales?
En sentido práctico, el SNCAE está permanentemente en revisión, evaluación y modificación de sus indicadores de cumplimiento presentes en la Matriz de Evaluación Ambiental. En ello, se generan nuevos indicadores o se cambian los existentes, proceso que se realiza cada dos años, o bien, en circunstancias especiales que requieren la adaptación a la realidad, como fue el caso de la pandemia por Covid 19. Esta evaluación y revisión del programa y sus instrumentos, requiere del involucramiento de todos los que participan del proceso, incluyendo al intersector público y las comunidades educativas.
Un tema muy relevante es que para este año el SNCAE asume el desafío de responder a los principios del Acuerdo de Escazú, el que nos llama a garantizar la participación, el involucramiento y capacitación en materias ambientales en todas las políticas, programas e instrumentos de gestión ambiental que se implementen en el país. Esto implica que tanto el sistema de gestión interno del SNCAE, como sus instrumentos de participación e involucramiento de las comunidades educativas, además de la capacitación docente que hacemos permanentemente, respondan a los altos estándares de Escazú.
-¿Cómo se pueden crear capacidades en los gobiernos comunales para fortalecer la participación ciudadana?
En la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana contamos con un Departamento de Gestión Ambiental Local, que trabaja directamente con los municipios del país y que desde 2009 promueve y desarrolla el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM). En la actualidad cuenta con la participación de 244 municipalidades (70% a nivel nacional) en todas las regiones del país.
La participación ciudadana es uno de los pilares que sostiene al SCAM porque promueve la creación de los Comités Ambientales Comunales desde el primer nivel del programa, cuerpo integrado por representantes de los vecinos y funcionarios municipales con poder de decisión en la gestión edilicia. Asimismo, en los últimos niveles del proceso de certificación, se generan las Mesas de Gobernanza Comunal, que están compuestas por representantes claves del desarrollo sustentable de la comuna (organizaciones vecinales, empresas, instituciones públicas y educacionales).
En la misma línea, el SCAM fomenta que los municipios generen y perfeccionen instancias de acceso a la información ciudadana y mecanismos de denuncia, para consolidar la democracia ambiental local, como también que la ciudadanía pueda participar en la elaboración de instrumentos de gestión y planificación ambiental. En concreto, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, ejecutaremos una serie de encuentros para funcionarios municipales en miras de, precisamente, potenciar la participación de los vecinos y vecinas en la gestión ambiental comunal.
También se está modificando el SCAM para que tanto las variables de Escazú como los planes de acción climática comunal, sean parte integrante del sistema de certificación. Con esto, aseguramos que la participación pública a escala comunal se fortalezca en un contexto de desafíos ambientales y climáticos, los que ineludiblemente debemos enfrentar todos si es que queremos darles un porvenir a la generaciones presentes y futuras.