Columna de opinión de Pilar Barría de la Oficina de Transición Socioecológica Justa.
El presidente Gabriel Boric anunció en la cuenta pública de junio pasado que, en el marco del trabajo del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa y la estrecha colaboración con los gobernadores regionales, se avanzará decididamente en la creación de consejos de cuenca piloto en cada una de las regiones del país, con el propósito de priorizar el consumo humano y el uso racional del recurso hídrico en las actividades productivas.
Por años hemos acumulado diagnósticos e intentos de abordar la crisis hídrica mediante la dictación de estrategias, políticas hídricas y mesas de agua, que progresivamente han aportado con los antecedentes y evidencia que releva la innegable conclusión de que los problemas de gobernanza del agua constituyen el principal obstáculo para su gestión sostenible. Necesitamos gobernar o no podremos resolver las múltiples brechas de acceso a agua potable para los sectores rurales, la adaptación al cambio climático o la gestión de la sequía.
En este sentido, las reformas para fortalecer la institucionalidad se pueden clasificar entre aquéllas con enfoque “desde arriba hacia abajo”- focalizadas principalmente en la coordinación del entramado de normas e instituciones que desde nivel central marcan directrices para la gestión- y las “desde abajo hacia arriba”- caracterizadas por la participación activa de los actores, comunidades y autoridades regionales y comunales, quienes pueden plasmar las realidades y características territoriales en las decisiones de planificación a nivel de cuenca, con el propósito de alcanzar la seguridad hídrica.
La decisión de iniciar el pilotaje de consejos de cuenca antes del trabajo legislativo que los conforme, y antes de la institucionalidad a nivel nacional (desde arriba hacia abajo) es coherente con el espíritu refundacional y de apoyo irrestricto a la descentralización del país que caracteriza a la actual administración. No es casualidad que se priorizara las reformas en institucionalidad hídrica con el enfoque “desde abajo hacia arriba”, incentivando la participación, coordinación y construcción de acuerdos, para abordar y buscar alternativas legitimadas que resuelvan las múltiples brechas y manifestaciones de la crisis hídrica en los distintos territorios.
Por ello, desde marzo del año 2022 se iniciaron una serie de reuniones de trabajo ampliadas, macrozonales y bilaterales primero con los Gobernadores regionales, con el fin de proponer un diseño de orgánica para ser implementada mediante pilotos de consejos de cuenca, los que permitirán retroalimentar y enriquecer la discusión y diseño de la estructura, atribuciones y funciones que requieren estos organismos y que quedará plasmada en un proyecto de ley.
Los consejos de cuenca no buscan competir con las organizaciones de usuarios de agua, que existen en Chile desde tiempos coloniales. Estas últimas tienen ámbitos de acción y atribuciones legales, que normalmente suelen ser la distribución y prorrateos de las aguas, y la administración de la infraestructura hídrica. En consecuencia, estas organizaciones deben ser invitadas a formar parte de los consejos de cuenca, cuyas funciones transcienden a la gestión, y se orienta a la planificación.
La gobernanza del agua toca asuntos que están directamente vinculados con el poder. Hablamos de incrementar la participación y acceso a información de grupos que históricamente han permanecido fuera de dichos menesteres, por lo que no es de sorprender la resistencia que esto puede suscitar. Resistencia que sin embargo se ha desdibujado en ocasiones, en respuesta a los contextos de urgencia y de solidaridad colectiva que de ellos emergen. Un ejemplo reciente lo encontramos en los once años que tomó la discusión legislativa de la reforma al Código de Aguas, promulgada en abril de este año, que incorporó importantes innovaciones en cuanto a: i) permitir limitar, restringir, caducar o extinguir derechos de aprovechamiento; (ii) priorizar la función de subsistencia y ecosistémica del agua. A pesar de las vicisitudes y enrevesadas discusiones, primó el consenso que permitió promulgar las modificaciones por unanimidad en ambas cámaras.
Otro ejemplo es que a pesar del contexto de disidencias y desencuentros que ha caracterizado el escenario político y social de los últimos meses, las urgencias y necesidades que derivan de la crisis hídrica marcan la diferencia, al concitar consensos que son sin duda alentadores. En efecto, al revisar los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que se presentaron a las últimas elecciones, vemos que, con la salvedad de uno, todos integraron contenidos orientados a enfrentar la crisis hídrica, relevando la necesidad de fortalecer la institucionalidad hídrica, con matices que expresan sus diferencias ideológicas.
Las carteras del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, coordinadas por el Ministerio del Medio Ambiente, adoptan con optimismo el desafío de iniciar los consejos de cuenca piloto, para los que se destinarán funcionarios y recursos que ayudarán en la formalización de la orgánica y posteriormente en acciones concretas de gestión hídrica. Esto es particularmente relevante este año, en el que se celebra la Conferencia de Naciones Unidas por el Agua en Nueva York, en la que el gobierno de Chile presentará compromisos para acelerar el cumplimiento del ODS 6, específicamente en lo que respecta a gestión integrada de recursos hídricos. Esta es la oportunidad para dar un paso decidido y concreto que nos permita transitar desde un escenario de descoordinación y visión parcial y fragmentada del ciclo hídrico hacia un Estado que se hace cargo del problema y propenda a la seguridad hídrica.