- La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que “estamos muy contentos de que este proyecto ya esté terminando su trámite legislativo. Ahora, lo último que queda es que se vote el informe de la Comisión Mixta en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados».
La Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sorteó el penúltimo trámite para convertirse en ley, luego de que el informe de la Comisión Mixta fuera votado y aprobado por la sala del Senado. Se trata de un tremendo paso para una ley que lleva 13 años en el Congreso y que, de aprobarse, permitirá avanzar en la creación de un organismo público para el cuidado de las áreas protegidas del país y la biodiversidad que se encuentra al interior y exterior de esos territorios. Esto permitirá, además, enfrentar de mejor forma las graves crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático que golpean a Chile y al mundo entero. “Estamos muy contentos de que este proyecto ya esté terminando su trámite legislativo. Ahora, lo último que queda es que se vote el informe de la Comisión Mixta en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que esperamos que ocurra los primeros días de la próxima semana. Este avance es una enorme satisfacción”, dijo la Ministra Maisa Rojas. La titular del Medio Ambiente agregó que “como Gobierno creemos que, para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático, proteger nuestro rico patrimonio natural es una obligación. Es por esto que debemos fortalecer la institucionalidad: para poder contar con más recursos y herramientas y, de esta manera, avanzar en la conservación de nuestros ecosistemas y especies. Además, este servicio es una condición habilitante para la implementación del Marco Global de Biodiversidad. Una ley para la naturaleza es algo que Chile no puede seguir esperando”. El SBAP se levanta sobre cuatro pilares • Crea un servicio público robusto que se encarga de la protección de la biodiversidad. • Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora estaban repartidas en más de 5 servicios públicos, provocando un manejo desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021. • Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales. • Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%.