En la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, se dio inicio hoy a la octava reunión del comité de negociación que busca avanzar hacia un acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
Representantes gubernamentales y de la ciudadanía de 24 países de la región se reunirán durante toda esta semana para avanzar hacia un acuerdo que permita alcanzar un inédito instrumento legal para América Latina y el Caribe, que permitiría mejorar el biestestar de 500 millones de personas en la región.
El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, inauguró hoy la reunión en la sala Celso Furtado de la Cepal, acompañado de José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de dicha institución; de Patricia Madrigal, viceministra de Ambiente de Costa Rica; y de Andrea Sanhueza y Danielle Andrade, representantes electas del público para participar en la discusión.
En la oportunidad se presentaron también saludos de la Presidenta Michelle Bachelet y de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ambas abogando por un resultado exitoso de las negociaciones.
“Hoy en Santiago iniciamos la recta final para lograr el primer instrumento ambiental de la región, un acuerdo que fortalecerá la democracia y la equidad ambiental en cada una de nuestras naciones, para proteger el medio ambiente y aportar respecto de los derechos humanos de los ciudadanos. Necesitamos avanzar hacia un acuerdo ambicioso y vinculante”, dijo el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Junto con ello, el ministro Mena destacó que impulsar un desarrollo sustentable es fundamental en una región que está visualizando con fuerza los efectos del cambio climático.
En ese sentido, dijo, “la información es un agente de transformación, ya que al visibilizar los problemas es imposible ignorarlos. La transparencia, la participación y el acceso a la justicia ambiental nos permitirán proteger no solo el medio ambiente, sino también los derechos de la ciudadanía”.
El trabajo para alcanzar un acuerdo regional en materia de acceso a la información, participación y justicia ambientales se enmarca en el denominado Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Uno de sus principales objetivos es crear instrumentos ambientales y de derechos humanos para enfrentar los conflictos sociales y ambientales, considerando que según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al menos el 40% de los conflictos violentos en los últimos 60 años están vinculados a los recursos naturales. Hoy el cambio climático y el incremento de los desastres naturales hacen esperable un mayor riesgo de estos conflictos, a lo que se suma el importante desafío existente en la región en materia de desigualdad.