Ministerios de Medio Ambiente y Energía lanzan proyecto de cooperación para preparar mercado de carbono

El proyecto de Cooperación Técnica Chilena es financiado por el Banco Mundial y articulado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), y busca entregar asistencia técnica para explorar, desarrollar y pilotear alternativas de instrumentos de precios al carbono que Chile podría implementar a futuro, y que complementarían la actual regulación de impuesto al carbono. La ejecución del Proyecto está radicada en el Ministerio de Energía, el que cuenta con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente para su implementación. Mediante esta iniciativa, Chile avanza hacia un futuro energético bajo en carbono, creando capacidades en el diseño y aplicación de instrumentos de precios al carbono en el sector energía.

El Proyecto se enmarca dentro de la iniciativa “Partnership for Market Readiness” (Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono, PMR por sus siglas en inglés) liderada por el Banco Mundial, que proporciona financiamiento y asistencia técnica para impulsar instrumentos de precios al carbono en un total de 16 países beneficiarios de los 5 continentes, con el propósito de apoyar una reducción de una manera costo-efectiva de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El “Precio al carbono” intenta capturar el costo social y ambiental que se genera por las emisiones de CO2, clasificándose como instrumentos de mercado. Lo anterior se puede lograr a través de impuestos verdes, como ha implementado Chile, o sistemas de permisos de emisión transable (ETS) que permiten que sectores con altas emisiones, puedan compensar sus emisiones a través de transacciones y así  cumplir con los objetivos de control y metas de reducción de emisiones de GEI, fijado y normado por un gobierno.

Según Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente, “la equidad y la justicia son los ejes centrales de nuestra acción climática. Las nuevas prácticas de consumo y producción serán la piedra angular de una sociedad más sustentable y un elemento central en la reducción de gases de efecto invernadero.” Asimismo señaló que entre las iniciativas en esta materia se encuentra la elaboración de una nueva Política Nacional de Cambio Climático, la creación de un Comité Interministerial de Consumo y Producción Sustentable y la reformulación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, agregándole competencias en materia de cambio climático.

Por su parte, Jimena Jara, Subsecretaria de Energía, señaló que: “Esta alianza para la preparación de mercados nos ayudará a analizar alternativas regulatorias e institucionales para  establecer un  precio  al dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a futuro, complementando la actual regulación al CO2. Estamos encaminados hacia un desarrollo bajo en carbono, enfrentando un enorme desafío para alinearnos con los objetivos de políticas energéticas sustentables a mediano y largo plazo. El uso de instrumentos de precios al carbono, como lo demuestran experiencias internacionales, activa la inversión en mercados de energías, aporta al crecimiento económico y permite cumplir con metas de mitigación del cambio climático”.

Al cierre, Ricardo Herrera, Director Ejecutivo de AGCID, concluyó: “La Política de Cooperación Chilena reconoce las brechas internas de desarrollo y este tipo de proyectos dejan evidencia de que materias como medio ambiente y energía, son áreas en las que nuestro país sigue necesitando cooperación y promoviendo su compromiso regional. Nuestro norte es el desarrollo sustentable”.

Actualmente, Chile –a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)- articula iniciativas conjuntas de Cooperación en beneficio de nuestro país en materias de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía, con una cartera de proyectos financiados tanto a través de fondos multilaterales de distintos orígenes, así como mecanismos innovadores como créditos blandos; siendo el Banco Mundial, GEF, Alemania y Suiza, los principales socios de cooperación en torno a problemáticas globales.

Con Alemania, nuestro país ejecuta un proyecto para el desarrollo del Sistema de Eco-etiquetado Nacional, que busca ampliar oportunidades de compras públicas sustentables y optar a beneficios relativos a cambio climático y biodiversidad. Junto a Suiza, ejecuta tres proyectos vinculados a la NAMA Forestal – Acción Nacional de Mitigación más Apropiada-. Y con apoyo y financiamiento del Banco Mundial, conduce seis proyectos asociados a: Manejo Sustentable de Bosques, Manejo Sustentable de la Tierra, Adaptación al Cambio Climático, Energía Solar, Mitigación de Riesgos Geotérmicos, Energías Renovables no Convencionales, y Reducción de las Emisiones de Carbono.

Contexto internacional

En el mundo, cada vez son más los países que se adhieren al uso de instrumentos de mercado, sean permisos de emisión transables o impuestos, para generar incentivos para internalizar los costos sociales generados por las emisiones de GEI. Entre los países y jurisdicciones que han establecido instrumentos de precios al carbono, se encuentran: Estados Unidos y China, las dos naciones más relevantes en cuanto a su responsabilidad en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En nuestra región, además de Chile, México ha establecido un impuesto y Brasil está evaluando uno.

Chile es un país altamente vulnerable al Cambio Climático por poseer zonas costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. Junto a Chile, otros países de nuestra región de América Latina y el Caribe, son beneficiarios de esta iniciativa del Banco Mundial, entre ellos: Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

En términos de emisión per cápita de GEI, Chile se ubica en el lugar 76 sobre un total de 214. Nuestras emisiones per cápita han aumentado más de un 80% desde 1990 a 2011. A diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, nuestro país contribuye en emisiones de GEI desde el sector energía y transporte. En la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático de 2010, nuestro gobierno se comprometió voluntariamente a reducir una desviación de un 20% en su curva de emisiones de GEI para el año 2020, teniendo como base de emisión el año 2007.

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