El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, se reunió esta mañana con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, para solicitarle la evaluación de acciones judiciales por daño ambiental en contra de quienes resulten responsables del derrame de parafina registrado en el sector de La Parva, que afectó los ecosistemas aledaños al río Mapocho.
En la cita, el CDE informó que se abrió un expediente para reunir toda la información relativa a los impactos causados por este hecho, proveniente de todos los servicios con competencias en esta materia, para en base a estos antecedentes evaluar las acciones a seguir.
En este sentido, el Ministerio del Medio Ambiente comprometió la realización de los estudios técnicos que permitan evaluar el daño causado por la parafina a los cauces y ecosistemas afectados por este derrame.
Al respecto, el ministro Marcelo Mena informó que el principal interés del Ministerio del Medio Ambiente es que se establezcan las sanciones necesarias a los responsables para reparar el daño ambiental causado a los ecosistemas.
“Nos reunimos con la presidenta del CDE para solicitarle que se evalúen posibles acciones judiciales en contra de los responsables del daño al cauce del río Mapocho. Nos parece que lo que ha ocurrido es gravísimo, especialmente considerando el tiempo que pasó sin que se pudiera advertir a las autoridades para tomar medidas que permitieran mitigar este daño”, dijo el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Reparación de ecosistemas afectados
Al respecto, el ministro Mena explicó que la finalidad de evaluar estas acciones judiciales es determinar si proceden acciones penales, pero lo fundamental tiene que ver con la reparación ambiental. Ya han existido casos anteriores de derrames, afirmó, en que el Ministerio del Medio Ambiente ha actuado junto al CDE para obtener indemnizaciones que han permitido la restauración ecológica de sitios afectados, como en el caso de Hualpén y otros.
“La parafina tiene la capacidad de acumularse en los ecosistemas, en los sedimentos, y subir por la cadena trófica y afectar negativamente a diversas especies, particularmente los depredadores tope. Lo que nos interesa es establecer una demanda para reparar el daño ambiental que se causó por el actuar irresponsable de una empresa que permitió que este derrame ocurriera”, agregó el ministro Mena.
Junto con ello, explicó que la Ley de Monumentos faculta a establecer delitos de daño ambiental en lugares protegidos, como sería en este caso el posible impacto al Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.
Según esta ley, la infracción a lo dispuesto respecto de la adecuada protección de los Santuarios de la Naturaleza podrá ser sancionada con multas que llegan hasta 500 UTM ($23.370.000). Adicionalmente, la misma ley establece que quien cause daño a un monumento nacional (como lo es un Santuario de la Naturaleza) se expone a penas de presidio menor en sus grados medio y máximo, y multa de hasta 200 UTM ($9.348.000).