Comenzó consulta pública sobre Democracia Ambiental en América Latina

Chile impulsa un proceso que busca lograr un acuerdo internacional para promover la Democracia Ambiental en América Latina y el Caribe. Este proceso se enmarca en el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro del año 1992, que establece que la mejor manera de tratar los temas ambientales es con Democracia. Según este principio “el mejor modo de tratar cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados (…) y en el plano nacional, toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”.

Argentina, Bolivia, Brasil, Jamaica, Costa Rica, Ecuador, son parte de los 20  países que trabajan en la construcción de un instrumento de cooperación que ayude a fortalecer la democracia ambiental en la región.

Desde este lunes 27 de julio hasta el viernes 11 de septiembre se someterá a consulta pública el “documento preliminar” que será un insumo fundamental para la negociación internacional. El texto fue elaborado por la CEPAL, Secretaría Técnica del proceso, a petición de los países y sugiere cómo se debe facilitar el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia ambiental.

Constance Nalegach, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente destaca que esta “es una oportunidad para las personas para aportar a la posición  internacional de Chile. Este es un instrumento ambiental, pero también un instrumento de democracia y de derechos humanos”.

ONG’s, personas naturales, comunidades, juntas de vecinos, empresas, todos están invitados a ser parte en este proceso de consulta pública. Una alternativa es visitar la página de Democracia Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, pero además, durante estas semanas se desarrollarán mesas temáticas sobre justicia, participación e información. El proceso se extenderá hasta regiones con talleres informativos en Arica, Valparaíso y Puerto Montt. Estos encuentros permitirán difundir los temas, explicar el documento sometido a consulta y recibir las opiniones, comentarios y dudas que surjan de la ciudadanía.

 

 

 

 

 

 

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